Ribó no municipalizará la grúa por el coste de revertir la privatización

Joan Ribó anunció varias políticas radicalmente diferentes a las de la era Barberá (1991-2015) nada más tomar posesión como alcalde de Valencia. Algunas de las primeras, recuperar la gestión pública de la grúa y la ORA –el control y gestión de cobro del aparcamiento en la vía pública-, de gestión privada bajo el PP. No será fácil.

De entrada, según ha anunciado Jordi Peris, edil de València en Comú integrado en el equipo de gobierno, la dificultad de resolver jurídicamente un contrato cuya ruptura implicaría una indemnización millonaria han obligado a aparcar el asunto de la grúa. El tema, sin embargo, sigue en estudio y el consistorio vigilará que la concesión -en manos de una empresa de la constructora Pavasal- cumpla escrupulosamente sus obligaciones.

En el caso de la ORA, el contrato actual se ha prorrogado durante un año. Se evita así asumir los compromisos a largo de un plazo de un nuevo concurso y se gana tiempo para estudiar la 'nacionalización' del servicio o, en cualquier caso, su racionalización. Se estudia ampliar su alcance, aunque este servicio se integrará en la política de movilidad urbana del gobierno Ribó, que quiere darle la vuelta a la ciudad para primar a peatones y ciclistas sobre el coche, ahora omnipresente.

Barberá renovó recientemente ambas contratas por ocho años. Ribó, sin embargo, lo tiene claro. Ha criticado reiteradamente que el servicio de grúa –uno de los más caros de España: la retirada del coche le cuesta 152 euros al conductor- es “deficitario”. Algunos años el ayuntamiento ha pagado más dinero a la concesionaria que el que ha recibido de ésta por el cobro de las sanciones. A pesar de ello, romper un contrato no es fácil y puede resultar muy caro. Y el dinero -Barberá dejó una deuda de 800 millones- no sobra.

Ribó contra Montoro

El alcalde acusa al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de limitar la capacidad de actuación del municipio con las normas del gobierno central sobre gasto público o contrataciones. “La regla del gasto impide contratar a personas para trabajar en determinadas cosas y nos obliga a hacer una serie de contratos con empresas, en definitiva, a privatizar determinados servicios que nos gustaría municipalizar, como es el caso de los aparcamientos. Ribó carga contra la ”mentalidad“ del ministro, que ”obliga a privatizar“ servicios a los municipios. No queremos ”municipalizarlo todo, pero aquello que es rentable sí“.