Así será la tasa turística valenciana: de entre 50 céntimos y dos euros, municipal, voluntaria y aplicable desde 2024

El mismo día que el president Ximo Puig apuntaba que, en estos momentos, no es “oportuna” la aplicación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, los tres grupos que suscribieron el acuerdo del Botànic y que sustentan el Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem) han presentado una proposición de ley al respecto. La tan controvertida tasa turística, cuya aplicación será municipal y de carácter voluntario, inicia así un camino parlamentario que permitirá su aplicación tras un año de moratoria desde su aprobación. Es decir, está previsto que la tramitación de la proposición concluya el próximo mes de noviembre, de forma que no podrá aplicarse hasta 2024.

El documento que ahora inicia su camino parlamentario, y que cuenta con el rechazo frontal de la patronal turística y de los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), es fruto de un acuerdo alcanzado por los partidos del Botànic a finales de pasado año, en el contexto de la negociación de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2022, que acordaron presentar una propuesta conjunta después de seis años de debates internos -el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, se ha mostrado en más de una ocasión contrario a esta medida-.

El dinero recacudado con este tributo se destinarán íntegramente a inversiones y gastos “vinculados a la promoción, impulso, fomento y desarrollo del turismo sostenible”. Así, el texto explica que, con este gravamen se pretende mejorar los servicios y la promoción turística; impulsar una movilidad más sostenible, especialmente en aquellas zonas de mayor afluencia turística; proteger y regenerar el medio ambiente, los recursos naturales y su promoción como patrimonio con un interés diferenciador y conservar y reparar el patrimonio cultural, así como incentivar la participación del turista en las actividades y eventos culturales y festivos.

También se destinará a “las políticas de acceso a la vivienda en aquellas zonas afectadas por un incremento de precios consecuencia de la afluencia turística”; luchar contra el intrusismo y el fraude en el sector del alojamiento turístico, ompulsar buenas prácticas laborales y a la lucha contra la precariedad laboral en el sector, mejorar las infraestructuras, reformas urbanas y dotaciones turísticas, “impulsar un turismo más inclusivo, accesible y social” y “a mejorar los barrios con mayor flujo turístico”.

De 50 céntimos a dos euros

La tasa turística quedará en manos de los ayuntamiento y su importe será de entre 50 céntimos y 2 euros diarios, dependiendo de la categoría del establecimiento: 50 céntimos para hoteles y casas rurales de hasta tres estrellas, apartamentos turísticos estándar, hostales, albergues, pensiones y cámpings; un euro para hoteles de hasta tres estrellas, establecimientos y casas rurales de cuatro y tres estrellas superior, apartamentos turísticos de categoría primera y albergues turísticos de categoría superior; 1,5 euros para hoteles de cuatro y tres estrellas superior, establecimientos y casas rurales de cinco estrellas, cinco estrellas gran lujo y cuatro estrellas superior, apartamentos turísticos de categoría superior y embarcaciones de crucero y yates turísticos; y, por último, dos euros para hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas gran lujo y cuatro estrellas superior.

La tasa plantea nueve exenciones a su aplicación, entre ellas las estancias de los menores de 16 años, las motivadas por la salud o las de competiciones deportivas oficiales. También las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado miembro de la Unión Europea o las que se realicen por causa de fuerza mayor.

También estarán exentas las estancias realizadas en los albergues juveniles integrados en la Red Valenciana de Albergues Juveniles (REVAJ) siempre que sus destinatarios tengan una edad inferior a los 30 años; las estancias organizadas por asociaciones declaradas de utilidad pública en el marco de sus actividades; las que se realicen por participar en congresos o eventos científicos organizados por universidades públicas valencianas y las de personas con discapacidad que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 66%.

Instrumento “flexible”

La diputada socialista Trini Castelló ha celebrado la aprobación de un instrumento “flexible” que asegura la “cogobernanza” entre las administraciones y el sector y responde a un contexto “complejo y cambiante” a causa de la pandemia y la guerra en Ucrania: “Tenemos claro que la prioridad absoluta es la recuperación y, por eso, hemos introducido una moratoria de un año en su aplicación desde que se apruebe en las Corts”.

Desde Compromís, su portavoz parlamentaria, Papi Robles, ha destacado el “esfuerzo de generosidad” de los tres partidos del Botànic: “Se trata de dar este instrumento a los ayuntamientos y que después sean ellos quienes decidan qué hacen”. “Es una política que está presente en todo nuestro entorno”, ha dicho Robles, quien ha resaltado que esta propuesta es fruto del diálogo con las partes.

Por su parte, el portavoz adjunto de Unides Podem, Ferran Martínez, ha considerado: “Hablamos de una herramienta regenerativa, una política verde que avanza en la transformación, en fiscalidad medioambiental y nos acerca a las políticas de las capitales europeas más vanguardistas”. 

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