A prisión con un bebe de dos meses por una multa de 1.440 euros

Se llama Sara González y tiene 29 años y ahora, si un indulto del Gobierno no lo remedia, deberá ingresar en prisión para cumplir una pena de seis meses de confinamiento por el impago de una multa de 1.440 euros tras ser condenada por el uso en 2009 de unas tarjetas de crédito que se encontró. A Sara, que tiene dos hijas menores -una de ellas lactante, de tan sólo dos meses de edad, y la otra de 4 años-, le pueden comunicar su ingreso en prisión “en cualquier momento”, según reconocía en declaraciones a Pepa Bueno en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser.

Al parecer, la joven, que durante 17 años padeció anorexia y bulimia, se encontró una cartera hace cinco años en la que había unas tarjetas que utilizó para conseguir dinero para comer de forma compulsiva, “estaba enferma y no sabía lo que hacía. Hoy estoy curada al cien por cien y pido perdón porque todos cometemos errores y todos necesitamos una segunda oportunidad”.

Sara fue condenada al pago de 6.400 euros que abonó y se le conmutó la pena de prisión por una multa de 1.440 euros que no ha pagado y que es el motivo por el que debe ingresar en la cárcel después de haber ignorado tres avisos del juzgado, “yo fui engañada, mi antiguo abogado no me comunicó que tenía que pagar la multa y cuando me llegaron las cartas me dijo que yo era insolvente y que no me preocupara”.

Cuando le llegó el escrito para el ingreso en prisión, “fui a pagarla pero el juez me lo echó atrás” por estar fuera de plazo, por lo que la única salida que tiene para evitar el encarcelamiento es un indulto, ya que asegura que no ha vuelto a delinquir. Además, Sara desconoce si, en caso de tener que ingresar en prisión, “sólo pensarlo me agoniza”, podrá llevarse a su hijo lactante, “el juez no quiere”.

Petición de indulto

Cerca de 80.000 personas han rubricado ya la petición de indulto a través de la plataforma change.org, una iniciativa impulsada por su madre, María José Morales, quien explica que en 2009 Sara era “incapaz de controlar su anorexia nerviosa atípica y bulimia, diagnosticada y tratada desde los 11 años”.

Así, apunta que, tras encontrarse la cartera por la calle, “tuvo la mala idea de utilizar la documentación de otra persona para darse de alta en cuatro compañías telefónicas y que le regalaran cuatro teléfonos que vendió para procurarse comida con la que satisfacer compulsivamente y a escondidas de mi su ansiedad”, por lo que fue acusada de un delito de falsificación y otro de estafa.

En septiembre de 2012 fue condenada a un año y nueve meses de prisión por falsificiación y seis meses por estafa, aunque la primera pena fue suspendida por ser su primer delito, mientras que la segunda fue sustituida por la citada multa de 1.440 euros.