Soler confía en resolver con el Gobierno las discrepancias respecto a la ley de Presupuestos

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado que la Generalitat Valenciana confía en llegar a un “acuerdo satisfactorio” con el Gobierno en sus discrepancias a la Ley autonómica de Presupuestos de 2019 y la conocida como ley de acompañamiento a estas cuentas, en relación a varios cambios incluidos para “garantizar unos mínimos indispensables” a los funcionarios.

Así lo ha afirmado en su comparecencia en la diputación permanente de Les Corts, a petición del PP, para explicar los acuerdos alcanzados entre el Estado y la Generalitat. Soler ha descartado la urgencia de dar explicaciones en verano sobre un “trámite casi sistemático desde hace años” y ha hecho hincapié en el cumplimiento de “la más estricta legalidad”.

Respecto a las comisiones bilaterales, ha defendido el “deber general de cooperación” al que están sometidos el Gobierno y las comunidades como “un procedimiento habitual y voluntario para evitar la conflictividad procesal”. En el caso de la Comunitat, “siempre lo ha utilizado de forma efectiva, llegando a acuerdos con el Estado cuando ha habido alguna discrepancia”, mientras ha criticado la falta de diálogo y negociación de anteriores gobiernos del PP.

En primer lugar, el titular de Hacienda ha explicado las “apreciaciones técnicas” formuladas por el Gobierno en marzo a la Ley 27/2018 de Medidas Fiscales de la Generalitat -la conocida como ley de acompañamiento-, en relación a modificaciones en los artículos 40 (coordinación de policías locales), 69 (ley de caza) y 70 (medidas administrativas), así como en la disposición adicional quinta del plan de salud bucodental.

Este grupo Estado-Generalitat se reunió el 25 de junio para estudiar los aspectos técnicos de la norma, hasta llegar a un acuerdo hace una semana, el 16 de junio. Sobre el artículo de policías locales, Soler ha situado las discrepancias en el real decreto de jubilación anticipada y la necesidad de cubrir las plazas vacantes, con el objetivo de que los ayuntamientos pudieran nombrar funcionarios interinos de forma temporal, hasta final de año y sin poder llevar armas de fuego.

Frente a ello, ha vuelto a cargar contra la negativa de “PP, Ciudadanos y los independentistas” al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y a la tasa de reposición de policías locales pudiera superar el 115%. También ha insistido en la voluntad del Consell de que sean cuerpos profesionalizados, para lo que en julio aprobó el decreto de selección con reserva de puestos para mujeres.

En los cambios en la ley valenciana de caza, el nuevo artículo pretendía dar respuesta al aumento de aves migratorias, ante lo que el conseller ve “fácil solución” por la moratoria temporal de la caza de estas especies que establece desde 2018 el Plan de Acción Europeo de la Tórtola.

En el artículo 70 de tasas, los cambios pretendían regular las sanciones de calidad agroalimentaria, de forma “literal” al decreto de 1996. Ante un posible “solapamiento” de la norma autonómica sobre la posterior estatal de 2015, la Generalitat consideró que se podía reevaluar la regulación y establecer las infracciones “en una futura ley de calidad agroalimentaria, siempre dentro del respeto de competencias”.

Y en cuanto al plan bucodental, las modificaciones del Consell pretendían igualar los complementos específicos de los odontólogos de las unidades de apoyo en Atención Primaria a los de los especialistas, “una mejora salarial para recompensar su labor, muchas veces no reconocida”. Sin embargo, el Estado determinó que “no era posible aplicarlo por razones técnicas presupuestarias”, al superar el límite de incrementos salariales del 2,25% tras la prórroga de los PGE de 2018.