El TSJ-CV cuestiona al Síndic de Greuges que haya examinado una queja contra Antifraude cuando está pendiente de resolución judicial

La portavoz del PP en las Corts Valencianes, Eva Ortiz, mantiene una guerra abierta con la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, a cuenta del acceso a los expedientes de las investigaciones en curso, singularmente por la que implica al entramado empresarial de Francis Puig, hermano president de la Generalitat Valenciana. Mientras que Antifraude alega que las investigaciones en curso son secretas, Ortiz considera que el acceso de los parlamentarios autonómicos a la información que soliciten, según recoge el Reglamento de las Corts Valencianes. La portavoz popular consiguió que el Síndic de Greuges, el socialista Ángel Luna, aceptara una queja por el bloqueo del acceso a los expedientes.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha dictado una providencia en la que no admite el informe emitido por el Síndic de Greuges respecto a la queja presentada por el grupo parlamentario popular sobre la actuación de la Agencia Valenciana Antifraude con respecto a la entrega de expedientes que están incursos en un procedimiento de investigación abierto y en tramitación.

El TSJ-CV cuestiona que el Síndic de Greuges haya admitido y resuelto esta queja ya que resulta contrario al artículo 17.2 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, en el que se impide a esta institución entrar a examinar una queja que está pendiente de resolución judicial, pues no se puede a través de ello condicionar en modo alguno el trabajo y la decisión del tribunal, que debe garantizar su independencia.

Así, la ley que regula la institución que preside Ángel Luna le impide “entrar a examinar una queja que esté pendiente de resolución judicial para que no se pueda en modo alguno” condicionarla. Por tanto, las partes no pueden aportar la resolución “con esta finalidad”.  

La advertencia relativa a que el Síndic de Greuges debía observar lo dispuesto en su ley reguladora y abstenerse de entrar en el conocimiento de la queja, pendiente de resolución judicial firme, fue efectuada por la Agencia Valenciana Antifraude en tres escritos dirigidos a Ángel Luna.

En uno de los escrito, el director de Antifraude, Joan Llinares, recuerda al Síndic de Greuges que “no puede admitir a trámite aquellas quejas cuya tramitación pudiera perjudicar el legítimo derecho de otras personas”. En este caso, abunda Llinares, el motivo de la queja está pendiente de resolución judicial firme por parte del TSJ-CV.

Llinares incide en que las actuaciones de investigación de Antifraude se encuentra sometidas al “deber de confidencialidad y reserva”. La agencia “no es parte del poder ejecutivo, no es la Administración ni el Consell”, agrega el escrito. El director de la AVA reprocha a Luna que haya “hecho caso omiso a todos estos argumentos, que son legales y jurisprudenciales, y de puro sentido común”.