Urbanismo, guerras internas del PP, mercenarios y un crimen impune: 15 años del asesinato del alcalde de Polop

El 19 de octubre de 2007 el alcalde de Polop, el popular Alejandro Ponsoda, fue tiroteado en la puerta de su casa. El crimen destapó las turbulentas aguas del urbanismo en la población de la comarca de la Marina Alta, las guerras internas en el PP y un submundo de clubs de alterne, supuestos sicarios y tráfico de drogas y anabolizantes. Sin embargo, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consiguió localizar a un testigo protegido clave para las pesquisas, quedó en agua de borrajas y el crimen sigue impune. Los investigadores del instituto armado analizaron la vida privada de Ponsoda y también las guerras internas en el PP por el control del urbanismo, sin poder apuntalar una condena por el crimen.

Siete acusados se sentaron en 2020 en el banquillo en el juicio con jurado por el crimen: el sucesor de Ponsoda en la alcaldía polopina, Juan Cano –también del PP–, como autor intelectual junto con un empresario del calzado de la localidad, Salvador Ros; los supuestos autores materiales Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, los dos últimos de nacionalidad checa, que habrían ejercido como sicarios de Cano; así como el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina, situado en la salida de Benidorm en dirección a Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente.

La acusación contra tan variopinto grupo pivotaba sobre el testimonio de un testigo protegido, un exmercenario que aseguraba haber trabajado como contratista militar en Sudáfrica, Costa de Marfil, Liberia y Mozambique.

El testigo protegido, condenado previamente por tráfico de drogas, ubicó en un reservado del club Mesalina, en el que supuestamente ejercía como portero, al sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, al dueño y el gerente del lupanar y a un empresario del calzado.

Fue allí, según su declaración, donde supuestamente lo habrían intentado contratar por 35.000 euros para cometer el crimen, a lo que se negó —según dijo—, aunque ofreció los nombres de los tres sicarios que también están imputados en la causa por haber sido los supuestos autores materiales de los disparos. 

Las pesquisas no pudieron localizar ni armas, ni rastro alguno de ADN en la escena del crimen; sólo el testimonio del exmercenario.

Grabaciones de otro sumario

Sin embargo, unas grabaciones de otro sumario en el que se vio envuelto el testigo protegido, en el marco de una investigación sobre una red de tráfico de sustancias anabolizantes y estupefacientes en la Marina Alta, y sus contradicciones ante las preguntas de las defensas en el juicio, debilitaron la versión clave que apuntalaba la acusación contra el sucesor de Ponsoda en el Ayuntamiento de Polop.

Los siete acusados se enfrentaban a peticiones de pena de hasta 25 años de prisión. El jurado, en una deliberación de apenas 24 horas, absolvió a todos los acusados al considerar que no se había podido demostrar la tesis del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, que dependía de la endeble versión del testigo protegido. Esta semana se han cumplido 15 años de un crimen que continúa impune.