El modelo urbanístico de Blasco, las carreteras de Rus y los camiones que destrozan Pedralba

El municipio de Pedralba, en un extremo del Parque Natural del Turia, tiene un problema grave que divide a los vecinos y que se ha trasladado a las instituciones. La principal vía del pueblo, la calle de la Acequia, no tiene capacidad suficiente para el tráfico que recibe y no pueden cruzarse dos camiones en un tramo sin llevarse por delante alguna señal e, incluso, partes de las viviendas.

Resulta además que esa vía forma parte del patrimonio cultural de la villa y que, debido a los problemas del tráfico, se está viniendo abajo. En el centro del pueblo, de unos 3.000 habitantes, hay una cooperativa vinícola que atrae gran parte de la circulación de vehículos pesados, por lo que impedir el tráfico en esa carretera no es una solución viable.

Los vecinos llevan años quejándose de este problema. Sin importar la simpatía política, todos coinciden en que la situación “no puede seguir así” y buscan alternativas para desviar el tráfico por fuera del municipio. Lo que les divide es la solución. En 2011 el alcalde, Roberto Serigó, del PP, elevó al Consell, con el beneplácito de la Diputación de Alfonso Rus, el proyecto de las variantes -carretas por fuera del pueblo-. El informe de la conselleria de Obras Públicas estudió ocho alternativas; cuatro por el norte, que no pasan por el parque natural y cuatro por el sur, que jugaban con los límites, y rechazó las cuatro norte atendiendo en exclusiva a criterios económicos: eran carreteras más largas (de 3 a 7 kilómetros) y, por tanto, más caras. Así que se decantó por estudiar dos variantes sur, que afectan al parque natural, a falta de que se solventara el estudio sobre inundabilidad de la zona y el de impacto paisajístico sobre el parque natural.

El entramado burocrático

Pero a los informes, solicitados en 2013, se les adelantaron las elecciones. En 2015 el autodenominado gobierno del cambio prometió, una vez constituido el pacto del Botánico, acabar con el modelo urbanístico especulativo -vigente desde la época del conseller Rafael Blasco- y minimizar el impacto ambiental de las obras. Es decir, proteger los parajes naturales y la biodiversidad, priorizar los intereses medioambientales. Para ello, desde Medio Ambiente, dirigida por la rama ecologista de Compromís (Verds-Equo), se acordó la revisión y paralización de los PORN (Planes de ordenación de recursos naturales), priorizando el que afecta al Turia. Así, el proyecto variante norte y variante sur, quedó en suspenso hasta que finalizara la revisión.

Ni al ayuntamiento de Pedralba ni a los vecinos que llevan años con este problema les pareció buena idea la paralización del proyecto. Así, fuentes de Els Verds aseguran que se fue presionando a la Diputación (del PSPV) para que continuara el proyecto de la variante sur.

Las diferentes posiciones de la administración autonómica sobre este asunto y la falta de coordinación llevaron a la vicepresidenta Monica Oltra a explicar -que no firmar- a anunciar la expropiación de los terrenos que bordean el río, el último paso para comenzar las obras. El mismo día Medio Ambiente se dió cuenta del error y ordena la paralización de ese decreto, presentando un escrito en Diputación. Esto se provocó, según el diputado de Verds-Equo, “por una traición del PSOE de Diputación, que coló el decreto”.

Ruptura de la unidad de voto del Botànic

La “traición” del PSPV se ha vuelto a reprochar esta semana en les Corts. El PP rescató la revindicación del alcalde de Pedralba y llevó una PNL, pactada con los socialistas, en la que comprometían al Consell a acelerar el proceso de obras. Con esta propuesta, no sin un ajetreado debate repleto de reproches, el PSPV rompió la unidad de voto con sus socios del Botánico para apoyar al PP. “Han traicionado el Pacto del Botánico”, explicaba Juan Ponce, diputado de Verds-Equo, encargado de defender la posición de Compromís. La votación indignó a la conselleria, según apuntan fuentes del departamento, en el que las discrepancias cada vez son más habituales.

Ponce es biólogo y activista ecologista, con una larga trayectoria en la coalición Compromís de Vilamarxant, por lo que conoce en profundidad el parque natural del Turia, afectado por el conflicto de la variante. El diputado explica que eso a lo que los vecinos llaman “huertas antiguas abandonadas” forman parte del espacio natural protegido y que tienen alto valor y potencial ecológico -las tierras colindantes a un río son las más fértiles-, que pueden convertirse en bosque de ribera. Ponce detalla la posición de Compromís en esta cuestión: abogan por la variante norte, si bien necesita mayor presupuesto y por reforzar la protección del Parque del Turia. Además, explica que desde Medio Ambiente se está estudiando expandir la ZEPA (zona de especial protección para las aves) por el parque natural para integrarlo en la Red Natura 2000, que lo proveería de fondos europeos. El problema de fondo, según el diputado, es el modelo urbanístico y de parques naturales que proviene de la 'época Blasco'. “Un parque natural pensado para la especulación”.

El modelo urbanístico de Blasco y las carreteras de Rus

El conseller Rafael Blasco, en su etapa de al frente de la conselleria de Territorio del PP aprobó un paquete legislativo que, más que ordenar, supuso un marasmo legal para la planificación territorial valenciana. Cuatro leyes y dos reglamentos que sumaban más de mil artículos de obligado cumplimiento para regular el urbanismo. En 2007, apenas meses después de que Blasco cambiara de conselleria, se apruebó el decreto del creación del Parque Natural del Turia para proteger el espacio. Entonces fue Esteban González Pons el conseller que lo firmó, pero el proyecto se inició, como consta en el decreto, en época de Blasco. A su vez se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos del Turia -abreviado en las siglas PORN- que fue diseñado de forma que fragmenta los espacios protegidos, como un lienzo lleno de manchas. La redacción del plan y el propio gráfico marcaban las “áreas de influencia”, una especie de pista sobre los espacios en los que se podría construir. Todo ello en pleno esplendor de la burbuja inmobiliaria, que estallaría un año después.

La Diputación de Valencia, liderada por Alfonso Rus, comenzó en en 2007 una serie de obras de carreteras por esta zona para unir Gestalgar, Bugarra, Casinos, Pedralba, Vilamarxant, Cheste y otros municios. En 2013, el responsable de la corporación provincial acudió a Pedralba a inaugurar la CV-380, una parte de la variante norte -misma alternativa que rechazó conselleria por el coste económico-.

Entonces, el presidente de la Diputación calificó este tramo como “la más importante que se ha ejecutado en Pedralba en muchísimos años, dado el enorme impacto que va a tener para los vecinos del municipio” y anunció su “compromiso personal” de que “en muy poco tiempo, una vez se solucione el impacto ambiental de la obra, comiencen las obras para construir una ronda sur que mejore aún más las comunicaciones del municipio”.

La división de los vecinos

En el pueblo se han constituido dos asociaciones que defienden sendas soluciones para los choques de camiones: Sí a la Variante Sur y En Defensa del Paisaje de Pedralba. Los primeros exigen que comiencen de inmediato las obras de la variante sur y reprochan a los segundos ser una asociación de “chaleteros de fuera del pueblo” que defienden “unos terrenos de huerta abandonada”.

Por contra, En Defensa del Paisaje de Pedralba defienden el Parque Natural por su valor biológico -con más de 1200 especies vegetales y varias especies animales protegidas como el águila perdicera- y paisajístico. Desde esta plataforma piden a la Diputación de Valencia que colabore con la conselleria de Medio Ambiente y al resto de vecinos que comprendan que “el pueblo está integrado con la huerta y esta carretera -la variante sur- funciona como una barrera”. “El medio ambiente no puede ser la última prioridad”, añaden. Asimismo, recuerdan que el ayuntamiento aprobó una moción de Compromís en la que se prohibe aparcar en el tramo conflictivo y se propuso instalar semáforos de control volumétrico -que impiden el paso de dos vehículos pesados a la vez-.

Al otro lado, Sí a la Variante Sur considera que los semáforos “no solucionan nada” y reprochan directamente a Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente, que mantenga al pueblo en esta situación “por decisiones políticas”.