Las empresas de las ITV piden a la Generalitat 7,6 millones o una prórroga de 6 meses antes de pasar a la gestión pública

Las empresas que gestionan las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana presentaron este lunes a la Conselleria de Economía que dirige Rafael Climent una propuesta formal de compensación por las pérdidas sufridas como consecuencia del parón que se produjo en el año 2020 por la irrupción de la pandemia.

En concreto, solicitaron un pago de 7,6 millones de euros como contraprestación por los casi dos meses de parón que tuvieron durante el confinamiento, cuando el Gobierno decretó temporalmente el cierre de las estaciones y posteriormente aunque se reabrieron, funcionaron a medio gas por las restricciones.

Como alternativa al pago, exigieron una prórroga de seis meses de las concesiones que finalizan el 31 de diciembre tras 25 años de la privatización impulsada por el expresidente del PP, Eduardo Zaplana, proceso por el que está a un paso de ser juzgado por los presuntos delitos de blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.

De esta forma, las empresas tratan de dilatar el proceso de recuperación de la gestión pública del servicio más allá de las próximas elecciones autonómicas previstas para el mes de mayo (salvo que haya adelanto), con la expectativa de que una eventual victoria de la derecha y la extrema derecha pudiera servirles para prorrogar los contratos que vencen el 31 de diciembre del presente año.

Ahora los servicios jurídicos de Economía deben examinar la propuesta para dar una respuesta, aunque la opción de dilatar el proceso más allá de las elecciones está prácticamente descartada.

Paralemente, avanza el proceso de creación de la nueva empresa pública que asumirá el servicio y al millar de trabajadores de las estaciones.

Sin ir más lejos, la Conselleria de Economía presenta este martes ante notario la constitución de la empresa pública que gestionará el servicio y el miércoles se nombrará al director general en el primer consejo de administración de la sociedad.

Climent ya ha comentado que tiene previsto rebajar las tarifas una vez la empresa pública asuma la gestión y además prevé la apertura de 10 nuevas estaciones.

Un servicio lastrado por la corrupción del PP

Fue el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, quien impulsó la privatización del servicio adjudicando hace 25 años, proceso por el que está acusado de haber cobrado 20 millones de euros en mordidas y por el que será juzgado junto al también expresidente valenciano del PP, José Luis Olivas, en el marco del 'caso Erial'.

El caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros y por el que será juzgado, se abrió para investigar el supuesto cobro de 20,6 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

“El total del dinero delictivo mediante operaciones de corrupción obtenido por Eduardo Zaplana y su organización criminal asciende a 20.606.364 euros”, sostiene el fiscal Pablo Ponce, que solicita para el expolítico del PP una pena de 19 años de prisión por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad y prevaricación administrativa. 

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.