La Autoridad Portuaria de València multa con 3.000 euros al grupo de ecopacifistas que protestaron contra el comercio de armas en Sagunt

La Autoridad Portuaria de València (APV) entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha enviado en los últimos días propuestas de sanción a las seis personas que se introdujeron en el Puerto de Sagunt el 10 de diciembre de 2019 para protestar por el atraque y carga en aquellos momentos del barco de bandera saudí Bahri Abha, que forma parte de la flota de cargueros que transporta rutinariamente armamento sospechoso de ser empleado en la guerra del Yemen, según denuncian Acció Ecologista-Agró / Antimilitaristes-MOC.

Las mismas fuentes aseguran que al mismo tiempo, y a pesar de las protestas, peticiones de transparencia y posicionamientos contrarios que estas actividades han generado, la APV y el Ministerio de Defensa permitieron este martes nuevamente la escala y posible carga de materiales explosivos del mismo barco en el puerto valenciano.

Durante la semana pasada, “la Autoridad Portuaria de València envió notificaciones de sanción de 500 euros para acceder a zonas restringidas del recinto portuario sin autorización previa a los y las participantes en la acción de desobediencia civil no violenta organizada el 10 de diciembre del año pasado por Acción Ecologista-Agró y Antimilitaristas-MOC para denunciar el uso del puerto de Sagunto en el circuito global del comercio de armas hacia la guerra del Yemen”.

En esta acción cinco activistas de Agró y Antimilitaristas acompañadas de un periodista del medio Samaruc Digital, a quien también han emitido sanción, se introdujeron en el Puerto de Sagunt llevando pancartas con las leyendas 'Stop war' y 'La guerra empieza aquí'.

A continuación, se acercaron a la zona donde acababa de atracar uno de los barcos de la naviera saudí Bahri, el Bahri Abha, encargada del transporte de armamento desde puertos de los EE. UU. y Europa hasta Arabia Saudí y Emiratos Árabes, la finalidad de los cuales es su uso en la guerra que estos países libran en Yemen.

Sin embargo, casi un año después de esta acción, la APV del Ministerio de Transportes esgrime inusualmente la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante (y no la Ley de Seguridad Ciudadana) unos pocos días antes del plazo de prescripción de estos hechos, que según la citada ley es de 12 meses, para intentar sancionar a los y las activistas con multas de 500 euros. De haberse aplicado la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', los hechos ya habrían prescrito.

El grupo de ecopacifistes de antimilitaristas y Agró ya ha anunciado que recurrerá las multas hasta llegar al contencioso-administrativo si es necesario.

Las entidades afirman que según datos de las aduanas de los Estados Unidos y de la ONU, la flota de Bahri, formada por siete barcos, ha ido transportando rutinariamente ocho veces en el año armamento hacia Arabia Saudí y Emiratos Árabes procedente de los Estados Unidos (por valor de 1.130 millones de euros en 2018) y diferentes países europeos, incluida España, hasta hace muy poco, el quinto proveedor armamentístico de los países del Golfo Pérsico.

“La guerra que libra Arabia Saudí y Emiratos Árabes en Yemen con armamento estadounidense y europeo contra las milicias huzís apoyadas por Irán desde hace cinco años lleva infligiendo un indecible sufrimiento en su población yemení, como vienen constatando reiteradamente las principales agencias humanitarias y organizaciones de derechos humanos internacionales”, denuncian ambas organizaciones.

Por eso, desde Antimilitaristas y Agró, se denuncia el uso reiterado del Puerto de Sagunt como instalación civil para finalidades materiales, así como la desproporción de las multas e inusualidad del proceso sancionador, y se exige la cancelación del inicio de los expedientes sancionadores.