El Ayuntamiento de València recurrirá para salvar 25 millones de la recalificación derivada de la permuta de Tabacalera

La operación urbanística aprobada en 2005 por el PP de Rita Barberá que dio lugar a la rehabilitación del edificio de Tabacalera para su conversión en un edificio municipal de oficinas y concejalías a cambio de un pelotazo para la promotora Guadalmedina, según las estimaciones del momento, de 75 millones gracias a la construcción de tres edificios en dos del las mejores zonas de la ciudad, sigue generando polémica 17 años después.

En enero de 2016, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), refrendada después por el Supremo, anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el planeamiento y la permuta que dio lugar al mencionado plan. El mencionado fallo, tras las denuncias del colectivo Salvem Tabacalera, resolvió que la permuta fue una operación “especulativa” y que constituyó expolio del patrimonio histórico, en concreto, de uno de los edificios de la Exposición Regional de 1909.

De los tres edificios de viviendas previstos, la constructora construyó uno en la plaza de América y otro en la parte trasera de Tabacalera, en la parte recayente a la calle Micer Mascó. El tercero se quedó sin ejecutar tras la sentencia que obliga a reconstruir las naves derribadas, por lo que la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige la vicealcaldesa, Sandra Gómez, decidió trasladar la edificabilidad a un par de parcelas municipales ubicadas en las Calles Penya-Roja con Río Escalona y en la Calle 3 de abril de 1979 con el objetivo de evitar una indemnzación de 25 millones de euros en favor de Guadalmedina, en compensación por los metros cuadrados de edificabilidad que tiene reconocidos.

Estas parcelas estaban destinadas a uso educativo y a zona verde, por lo que la asociación de vecinos del barrio de Penya-roja denunció la recalificación al considerar que suponía la pérdida de suelo dotacional.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido estimar parcialmente el incidente de ejecución interpuesto por vecinos contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan General de València, relativa a la Antigua Fábrica de Tabacos, y anular parcialmente la recalificación de dos parcelas de suelo educativo y de zonas verdes en el barrio.

Al respecto, la vicealcaldesa y concejal de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, confirmó este lunes que recurrirá el fallo que anula la solución que se impulsó desde el Ayuntamiento de València “para evitar las indemnizaciones millonarias derivadas de la operación urbanística de Tabacalera que se gestó en 2005”.

Gómez, afirmó que “el actual equipo de gobierno intentará evitar que el Consistorio tenga que afrontar la indemnización derivada de un embrollo urbanístico heredado del PP”.  

“Este es otro problema más heredado de los gobiernos del PP, que siguen siendo un lastre para este Ayuntamiento todavía en el año 2022”, criticó la vicealcaldesa, quien incisitió en que la obligación del gobierno del Rialto es “hacer todo lo posible para que esa deuda no lastre la calidad de los servicios públicos que la ciudad tiene que ofrecer a toda la ciudadanía”.

La anulación de la solución municipal para la fallida actuación urbanística de Tabacalera implicaría que el Ayuntamiento de València indemnizase con 45 millones de euros a la empresa promotora. No obstante, el consistorio ya abonó 20 millones aproximadamente mediante el solar que albergaba las antiguas dependencias municipales de plaza América y otro en Micer Mascó, ambos ya construidos. De esta manera, quedaban pendientes 25 millones, cuyo pago el consistorio había articulado a través de un cambio de suelo que ahora el TSJCV ha anulado a través de su última resolución.

Críticas de la oposición

El portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, se congratuló por la victoria judicial de los vecinos de Penya-roja nada más conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha anulado parcialmente la recalificación a uso residencial de dos terrenos del barrio que iban a ser zona verde y de dotación educacional.

Giner ha recordó que “desde el principio, desde el primer minuto que se constituyó la asociación de vecinos para reivindicar el espacio público que se había prometido, hemos estado con ellos, hemos estado en contra de que quitar espacio público a este vecindario; en contra de las chapuzas del PP y del PSOE”.

La portavoz del grupo municipal del PP, María José Catalá, destacó que la actuación urbanística anulada y que es una auténtico pelotazo urbanístico “es una decisión de una recalificación ilegal del gobierno de Compromís y PSOE. La sentencia del 2006 en absoluto obligaba a eso. Lo advertimos en varios Plenos y, por eso, el PP votó en contra”.

“El único pelotazo es el que ha intentado la izquierda en este barrio: Cambiando dos espacios dotacionales (parque y colegio) por la construcción de dos torres de viviendas, una de 10 plantas y otra de 13 de alturas. (65 y 78 viviendas respectivamente), en las calles Penyaroja y Río Escalona (aquí colegio), y en la calle Tres de Abril de 1979 junto a las naves de Cross (aquí era zona verde)”, explicó Catalá.