Compromís pregunta en el Gobierno por la vinculación de Boluda a una de las empresas que aspira a gestionar la Marina de València

“¿Es políticamente ético que forme parte del consejo de administración del Puerto de València un empresario con intereses privados en el Puerto? ¿Puede mermar la libre competencia el hecho de que cada vez haya más concentración en un sector estratégico clave? ¿Puede existir conflicto de intereses entre una de las empresas del concurso de privatización de la Marina de València y uno de los miembros del consejo de administración del Puerto de València?”.

Esta es la batería de preguntas que ha presentado el diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, al Gobierno central en relación con el proceso de privatización de la Marina de València.

Las cuestiones planteadas al Ejecutivo de Pedro Sánchez hacen referencia a la información avanzada por elDiario.es, según la cual la empresa incluida en una de las ofertas que optan a hacerse con la gestión de la dársena náutica y de ocio tiene vinculaciones con el naviero Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València.

Como informó este diario, la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, anunciaron el pasado 5 de diciembre la privatización de un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto la gestión de casi un millar de amarres y de la Marina sur, mientras el resto del espacio quedará bajo control del Ayuntamiento y de la APV, perdiendo así la ciudad el control unitario de la Marina y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades de los espacios.

En virtud de aquel acuerdo se sacó a licitación el concurso público por el cual una empresa privada pasará a explotar durante 35 años, prorrogables a 50, todo ese espacio.

El pasado 31 de mayo la mesa de calificación del concurso para la gestión de la Marina de València, una vez revisada la documentación requerida en el trámite de subsanación, acordó admitir dos de las tres propuestas presentadas. La primera de ellas la conforma un consocio de empresas formado por Ocean Platform Marinas Valencia (OCP Valencia), Puertomenor SA, Grupo Corporativo Fuertes SL, Puerto Picasso Málaga SL y Astilleros de Mallorca SA. Y la segunda oferta admitida la conforman Semar SL y Ocibar SA.

Una de las empresas que está detrás del consorcio, según la información recabada por elDiario.es, es Ocean Capital Partners (OCP), propiedad de Ocean Infraestructures Management SL. El director general y administrador único de la empresa, según los datos que constan en el Registro Mercantil, es José Luis Almazán, a su vez consejero de la empresa de remolcadores Boluda Towage SL, del naviero Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Almazán también figuraba como consejero y apoderado de Boluda Maritime Terminals SL, presidida por uno de los hijos de Vicente Boluda.

El diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez ha mostrado su preocupación por el hecho de que “para un empresario como Vicente Boluda, que es del sector naviero y está como representante de la patronal en el consejo de administración de la APV, ahora además parece que empresas vinculadas a otras suyas puedan quedarse con la gestión de la Marina”. Por este motivo ha comentado que es necesario “darle una repensada a la figura de las autoridades portuarias, democratizarlas, ponerles límites y conocer si existe en este caso un conflicto de intereses”. Ibáñez ha añadido que “el hecho de que pueda haber un empresario concreto en el consejo de administración también puede mermar el libre mercado del resto del empresariado”.