El Gobierno aumenta la presión contra la presidenta del Puerto de València: “Es Pérez Llorca el que debe cesarla”

Los correos internos entre la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y su equipo directivo revelados por elDiario.es en los que se acredita que participó de forma directa en la elaboración de las bases de los procesos selectivos que investiga la Fiscalía Anticorrupción han generado una enorme preocupación en todos los estamentos.

Como avanzó este periódico, en un e-mail fechado el 16 de abril de 2024, Chao escribió a varios responsables de la APV que Puertos del Estado había “revisado las bases, todo ello con la mejor intención de ayudar y colaborar” y a tenor de los “incendios abiertos” en el seno del organismo.

El correo de la presidenta contestaba a otro e-mail anterior remitido por la entonces jefa de Recursos Humanos, que aportaba “consideraciones” sobre las “debilidades del procedimiento”. La interlocutora sugería que se definiera la necesidad de personal, que se incorporaran evaluaciones de competencias genéricas y pruebas psicotécnicas y que se sumara a su departamento al tribunal encargado de la selección de plazas. El e-mail acababa con una advertencia a la presidenta de la APV: “Por último, desaconsejo que las bases se redacten en primera persona por ti, Mar, sin prejuicio de que des las indicaciones pertinentes respecto del perfil que crees idóneo para el puesto o que se ha de buscar”.

Al respecto, a preguntas de esta redacción sobre la situación de Chao, fuentes del Gobierno central han reconocido su preocupación por la gravedad de los hechos que se están conociendo en las últimas semanas y han recordado: “Mazón la nombró y es Pérez Llorca el que la debe cesar. Es un tema del PP”. Y es que, aunque la APV depende de Puertos del Estado y por extensión del Ministerio de Transportes, tanto la responsabilidad del nombramiento del presidente o presidenta del organismo portuario como en su caso del cese recae directamente sobre el presidente autonómico, en este caso Juan Francisco Pérez Llorca.

En este sentido, desde presidencia de la Generalitat Valenciana han declinado hacer comentarios por el momento sobre la situación de la responsable del Puerto de Valencia.

Y es que, el pasado mes de diciembre, el presidente de MSC España, Francisco Lorente, adjudicatario de la nueva terminal norte cuyos muelles están ya en obras, amenazó con dejar el Puerto de Valencia si Pérez Llorca la cesaba, una amenaza poco creíble pero que redobla la presión sobre el jefe del Consell.

La crisis que vive la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), permanentemente en el foco de la polémica por la investigación abierta por Anticorrupción, pero también por el goteo de dimisiones en su cúpula y por las irregularidades que investigan tanto el Tribunal de Cuentas como la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), han debilitado sensiblemente a su presidenta.

Este mismo martes la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, volvió a pedir la dimisión de Chao y la creación de una comisión de investigación tras conocer el contenido de los correos destapados por este diario: “la alcaldesa María José Catalá no puede seguir mirando hacia otro lado. Este escándalo afecta al corazón de las instituciones de la ciudad y exige explicaciones inmediatas, transparencia total y la asunción de responsabilidades políticas. Catalá tiene el jueves en el Pleno una buena oportunidad de demostrar que quiere esclarecer toda la verdad. Recordamos que Compromís per València pide una comisión de investigación, la destitución del concejal José Marí Olano e instar a la Autoridad Portuaria a la destitución de Mar Chao”.

La propia Mar Chao descartó la semana pasada su dimisión, antes de conocerse que participó en la elaboración de las bases de las plazas cuestionadas. Chao afirmó que toda la documentación que ha sido requerida a la Autoridad Portuaria ha sido facilitada al procedimiento, sobre el que ha expresado su máxima colaboración y respeto a las decisiones judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación a Mar Chao y a la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos, al parecer, en procesos de colocación de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, entidad pública que gestionaba la Marina de Valencia liquidada en 2024.

Bases cuestionadas por la Intervención

Las plazas a las que se refieren los correos intercambiados entre Mar Chao y su equipo son tres y las bases figuran firmadas por ella el 26 de abril de 2024, según la documentación publicada en la web de la APV. Se trata de las plazas de subdirector de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación; de jefe de Apoyo a Gestión Económico-financiera; y de subdirector de Gestión de Dominio Público.

Fuentes de la APV consultadas por este diario comentaron sobre el contenido de los e-mail que no informan “de cuestiones derivadas de procesos judiciales o investigaciones en marcha” y añadieron: “En todo caso, es claro que las bases están firmadas por la presidenta, por lo que asume íntegramente su contenido”.

Los tres procedimientos están señalados en el informe de la Intervención General del Estado publicado en exclusiva por elDiario.es, por haberse incumplido presuntamente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma la Intervención.

De las tres plazas, dos formarían parte de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, al estar relacionadas con otros procedimientos abiertos en el Ayuntamiento de València para tratar de reubicar a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, en fase de liquidación durante el año 2024.

Se trata de la plaza de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G., exdirectiva del ente público que gestionaba la Marina, y de la de jefe de Gestión Económico-Financiera, que se adjudicó a A. G., también exresponsable del consorcio. Ambas se presentaron a un proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Se da la circunstancia, además, de que exempleados del Consorcio Valencia 2007 registraron ante notario los nombres de las dos personas que se adjudicaron los puestos directivos 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la APV, puesto que estaban convencidos de que el procedimiento estaba amañado.