María José Catalá, de romper el cinturón rojo como alcaldesa más joven de Torrent a desalojar a la izquierda en València

Aunque seguramente no será la política valenciana más conocida más allá de las fronteras autóctonas, María José Catalá (Valencia, 1981) no es nueva en la gestión de la vida pública. De hecho, a pesar de su juventud cuenta ya con una larga trayectoria con sonadas victorias electorales incluidas, lo que la confirma como un valor en alza dentro del PP.

Catalá estudió en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Torrent y estudió Derecho doctorándose en la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de Empresas. A nivel político, se dio a conocer en 2007 cuando con tan solo 26 años, en pleno auge del PP en la Comunitat Valenciana, logró romper el llamado cinturón rojo de València nada más y nada menos que venciendo con mayoría absoluta en Torrent, segundo municipio más poblado de la provincia, al histórico socialista y hasta ese momento inexpugnable Jesús Ros. No fue flor de un día, puesto que en 2011 revalidó los resultados, lo que propició que el entonces presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, nombrado de urgencia para sustituir a un Francisco Camps inmerso en el juicio del 'caso de los trajes', la reclutara para hacerse cargo de la Conselleria de Educación, una labor que desempeñó hasta que en 2015 cayó el Gobierno del PP en favor del primer Pacto del Botánico.

En un contexto de grave crisis económica y de importantes recortes sociales, le estalló la llamada primavera valenciana cuando un 15 de febrero de 2012 un grupo de alumnos y alumnas del IES Lluís Vives cortó la céntrica calle de Xàtiva como protesta ante los impagos en la educación pública que llevaron a muchos institutos y colegios a la masificación en las aulas y a quedarse sin dinero para enchufar la calefacción. Un movimiento que se extendió a toda España y que fue el germen sobre el que nació Podemos.

Una de sus propuestas más polémicas como consellera de Educación fue la de cobrar una cantidad simbólica a aquellos alumnos que se llevaran la fiambrera de casa para comer en el colegio, una medida que finalmente no llegó a implantarse por la respuesta suscitada.

Además, privatizó la Universidad Internacional de Valencia (VIU), uno de los proyectos estrella de Francisco Camps, mediante la venta del 70% de las participaciones al Grupo Planeta por cuatro millones de euros, cuando el Gobierno valenciano había invertido 34 millones desde su participación. El proceso de venta, cuyos detalles ha desvelado en exclusiva elDiario.es, fue totalmente opaco y denunciado ante notario por el entonces rector, ahora concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, con quien Catalá se las tendrá que ver para llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad del Ayuntamiento de València. Dos años después de su privatización, en 2017, Catalá ingresó en la VIU como profesora asociada.

Tras la caída del PP de la mayoría de las instituciones valencianas, fue diputada autonómica y portavoz adjunta del grupo popular en las Corts Valencianes, una etapa en la que tuvo que lidiar con uno de los asuntos más espinosos y que aún se le recuerdan, como fue la aprobación de una resolución en 2016 por medio de la cual exigían a Rita Barberá que renunciara al acta de senadora autonómica “para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos”. Una resolución apoyada por Catalá y por el resto de diputados populares que se produjo después de que el Tribunal Supremo imputara a la exalcaldesa valenciana –declaró el lunes 21 de noviembre de 2016 y negó las acusaciones– por el presunto 'pitufeo' dentro del 'caso Taula'.

Esta situación abrió una brecha con el entorno del partido más afín a Barberá, una situación que Catalá ha tratado de revertir con diferentes gestos y propuestas que ha ido lanzando desde que meses antes de las elecciones de 2019 fuera designada candidata a la alcaldía de València. Así, por ejemplo, propuso su nombramiento como alcaldesa honorífica de la ciudad, además de poner su nombre al Puente de las Flores y de incluir a su sobrina, Asunción Corbín, ahora investigada en el caso Azud, entre su equipo de asesores. Corbín ha estado de baja en los últimos meses y en abril declaró en el marco del mencionado caso junto a sus dos hermanas. Su padre y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, es uno de los principales sospechosos por el presunto cobro de mordidas.

En las elecciones municipales de 2019, Catalá no pudo frenar la caída de los populares tras un mandato muy complicado, con nueve de sus diez concejales investigados en el caso Taula, si bien es cierto que todos ellos quedaron exonerados de la causa, salvo el vicealcalde, Alfonso Grau. El PP obtuvo entonces 8 concejales y un 21,7% de los votos.

Con un nuevo mandato por delante y desde la oposición, la candidata popular ha dado un vuelco a los resultados al obtener 13 concejales y un 37% de los sufragios con una campaña basada en un discurso moderado y en varios mensajes claros, en concreto, bajada de impuestos, más limpieza y más seguridad, dirigiéndose además en cada intervención a todo el electorado: “Hay que pensar más en la ciudad que queremos que en la ideología”, ha sido una de sus frases más repetidas.

En los últimos cuatro años, además de ser la portavoz del grupo municipal popular, ha sido también diputada autonómica, portavoz del grupo parlamentario, secretaria general del PP valenciano y presidenta del PP de la ciudad de València. Todo ello alternado con su desempeño como profesora asociada de la VIU y de la universidad Cardenal Herrera. Hasta ahora, da la sensación de que la sucesora popular de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València ha lograda alcanzar todos los objetivos políticos que se ha ido marcando. Está por ver, si como Barberá, se planta con la vara de mando, o si es un trampolín para aspirar a cotas más altas.