PSPV y Compromís exigen a Catalá que aclare lo que cobra el portavoz de Vox por su contrato con el Colegio de Ingenieros

La posibilidad de que el servicio de asesoría jurídica que presta el despacho del portavoz municipal de Vox en València, José Gosálbez, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) alcance los 25.000 euros ha generado duras críticas del PSPV y de Compromís al propio edil ultra y a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP).

Como ha informado este miércoles elDiario.es, los presupuestos del COGITI consultados por esta redacción establecen diversas cuantías en el apartado de desembolsos dedicados a “asesorías y gastos judiciales”, cuya cuantía total fue de 53.285 euros en 2024, 60.200 euros en 2025 y 59.100 euros en 2026.

Así, dentro de esta cuantía, es la referida a “asesoría jurídica” la que más se puede asemejar al servicio que el propio colegio anunció en su página web el colegio cuando contrató al gabinete del concejal, que ascendió a 16.000 euros en 2024, y pasó a 25.000 euros en 2025 y 2026 .

Gosálbez, suscribió en febrero de 2025 a través de su despacho de abogado un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales. Una vinculación de la que no informó y que fue destapada por elDiario.es.  Para hacerlo posible, el pleno municipal de diciembre de 2023 le aprobó una compatibilidad para desempeñar la función de abogado como una actividad supuestamente marginal. 

Al respecto, desde Compromís València han asegurado que van a exigir al regidor Gosàlbez que inscriba el contrato que tiene subscrito con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en la declaración de bienes y actividades que todos los cargos públicos tienen que renovar durante el próximo mes de diciembre.

“Tal y como ya han manifestado el Secretario General y del Pleno, que certificó que se tienen que inscribir todas las actividades económicas, como el Síndic de Greuges que ya ha recomendado al propio portavoz de Vox que aporte el contenido del referido contrato para que la oposición y la corporación puedan conocerlo, Gosàlbez tiene que aportar la información necesaria a fin de poder acreditar que efectivamente desarrolla una actividad privada en los términos legales para la que fue autorizado por el plenario municipal”, ha advertido el concejal valencianista Ferran Puchades.

El edil de Compromís ha exigido a Català que inste a su regidor delegado a que dé a conocer el contrato y las remuneraciones que recibe por la actividad de asesoría jurídica especializada en urbanismo que Gosàlbez está prestando en el Colegio de Ingenieros Industriales. Para Puchades, esta nueva información sobre la posible remuneración que obtiene “pone negro sobre blanco la burla a la que están sometiendo Gosàlbez y Català a la ciudadanía, gastando recursos públicos y utilizando las instituciones para llenarse los bolsillos”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan, ha puesto de relieve que Gosálbez es miembro de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de València y que podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Así, ha cuestionado que pueda percibir ingresos privados por asesorar en asuntos sobre los que tiene información privilegiada y capacidad para tomar decisiones públicas.

Sanjuan ha advertido de que esta situación resulta especialmente grave en un momento en el que la ciudad de València atraviesa un drama con la vivienda y ha criticado que quienes forman parte de la comisión de urbanismo y vivienda puedan estar obteniendo ingresos por asesorar en materias relacionadas con las decisiones que deben adoptar desde sus responsabilidades públicas.

“Acabamos de conocer que un concejal miembro de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Es decir, por asesorar en temas en los que tiene una información privilegiada y sobre los que puede tomar decisiones públicas”, ha señalado.

Sanjuan ha criticado que esta situación se produzca precisamente mientras la ciudad afronta un problema de vivienda que está dificultando el acceso a un hogar para muchos vecinos y vecinas. A su juicio, existe una contradicción entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses económicos que pueden rodear a quienes tienen capacidad de decisión en materia urbanística.