La regulación de la zona de bajas emisiones de València solo afectará al 8% de los vehículos censados y los vecinos no la notarán hasta 2028

El Ayuntamiento de València ultima los pasos para aprobar la regulación de la zona de bajas emisiones, un imperativo europeo en la lucha contra el cambio climático que con el gobierno de PP y Vox queda reducido a su mínima expresión. La ciudad, una de las 15 en la autonomía obligada a contar con esta regulación, establece un calendario progresivo de restricciones y multas que apenas afectará al 8% de los vehículos de la ciudad.

La medida restrictiva busca mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y es una realidad en las ciudades europeas medianas y grandes. La Comisión de Patrimonio de València ha dado luz verde este martes a la ordenanza, que entrará en vigor a efectos prácticos el 1 de diciembre de manera testimonial y plagada de excepciones. La norma pasará el próximo martes por el pleno, donde la mayoría de PP y Vox la ratificará, consciente de la mínima regulación que se plantea.

Las primeras sanciones serán para los turismos más contaminantes, los vehículos de fuera de la provincia con etiqueta A, y los vecinos de la ciudad podrán seguir circulando hasta 2028 como de costumbre. A partir de enero de 2027, la limitación será ya para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad. El consistorio defiende que es una implantación progresiva hasta cumplir los objetivos y dejará fuera a los vehículos “vinculados a la actividad económica” para “proteger de los intereses económicos y sociales de la ciudad”.

El equipo de gobierno de PP y Vox saca pecho de que “sólo un 8% de los vehículos censados en la ciudad se verá afectado en la práctica por la Zona de Bajas Emisiones”. “No queremos obligar a cambiar de coche a los vecinos de la ciudad como menos recursos”, apunta el edil de Movilidad, Jesús Carbonell. Llegado 2028, sostiene, “a quienes no hayan podido cambiar de coche, desde el Ayuntamiento se les facilitará un título de la EMT para usar el transporte urbano gratuito todo el año, y dispondrán de 48 días para poder circular por la ZBE”. Habrá además una potente campaña de información sobre la nueva regulación.

La delimitación afectará a prácticamente toda la ciudad, a excepción del distrito Marítimo y de los barrios al sur; abarca una superficie de 27,8 kilómetros cuadrados -más de la mitad de la superficie del término municipal, que es de 57- y está delimitada por la Ronda Nord, las avenidas de Tarongers y de Serrería y el Bulevard Sud. De las sanciones, cuando las haya, se encargará una red de más de 200 cámaras distribuidas por la ciudad y el consistorio está finalizando los trabajos técnicos para la puesta en marcha del software que identifique y discrimine las matrículas de los vehículos según la tipología de su etiqueta.

También estarán entre las excepciones, previa solicitud de autorización, los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (para personas con movilidad reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años, y aquellos donde viajen embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente. No tendrán restricciones Tampoco tendrán restricciones los vehículos de emergencias, de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año. Además, los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa de 48 accesos diarios para acceder durante el año natural.

El mínimo por mandato legal

La Sindicatura de Comptes realizó un análisis de los proyectos de zonas de bajas emisiones de los municipios valencianos, que, a fecha del estudio, no estaban en marcha. Considera que la propuesta analizada no cumple los objetivos europeos, tampoco las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se limita a cumplir la ley, apunta el organismo, que afea la falta de un estudio riguroso o la utilización de un modelo de estimación de emisiones que comparen la situación de partida y la situación tras el cambio de comportamiento que provoca la ZBE. En un documento al que ha tenido acceso elDiario.es, los expertos indican que la ciudad “ha establecido objetivos poco ambiciosos y no son consecuencia directa del impacto de las ZBE: los objetivos establecidos son los ya previstos por la legislación vigente con anterioridad a la entrada en funcionamiento de las ZBE”. En otras palabras: que hace lo mínimo.

“Esta falta de rigurosidad dificulta la realización de un análisis de coherencia entre los objetivos fijados y las medidas adoptadas, por lo que no podemos opinar sobre la proporcionalidad de los elementos que caracterizan a la ZBE (ámbito territorial, régimen de autorizaciones y excepciones, periodos transitorios, etc.) y su grado de causalidad sobre los resultados esperados”, dice el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. Sin embargo, sí destaca que la ciudad ha definido hasta 56 indicadores para monitorizar el impulso del cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles, la mejora de la accesibilidad, el fomento de la electromovilidad, la promoción de la sostenibilidad en la distribución y la mejora de la seguridad vial. Cabe recordar que el consistorio ha recibido cerca de 10 millones de euros para el proyecto de ZBE.

La oposición: “Claramente es insuficiente”

En vista de los informes, el PSPV ha exigido al consistorio “que rectifique y presente una ordenanza rigurosa con objetivos reales y alineados con Europa”, teniendo en cuenta que “lo que está en juego es la salud y el futuro de los valencianos”. La concejala socialista María Pérez denuncian además que se han tumbado las alegaciones de los vecinos y recalcan que es “claramente insuficiente”.

Por parte de Compromís, el exresponsable de Movilidad Giuseppe Grezzi ha advertido que “acudirá a todas las instancias que sean necesarias para que València tenga una ZBE en condiciones”. El edil considera que “si se pone en marcha tal como hoy se ha aprobado, la ZBE de Catalá podría constituir una prevaricación en el uso de los fondos europeos, dado que no persigue reducir la contaminación atmosférica, tal como prevé la Convocatoria de las ayudas del plan Next Generation de la Unión Europea”.