Yo seré tú y tú serás yo

Actualmente, el gobierno de la Generalitat valenciana ha acelerado el proceso de reducción de unidades de enseñanza de (y en) valenciano a una velocidad de vértigo. En concreto, el gobierno de Alberto Fabra se ha cargado 155 unidades de enseñanza en valenciano en 136 escuelas públicas valencianas, 72 en infantil y 83 en centros con líneas de enseñanza en valenciano y en castellano. En lo público, el castellano se afianza como lengua única en nuestra autonomía mientras el resto de España cree que la fórmula bilingüe de nuestro estatuto de autonomía es modélica, sea dicho, con respecto al plan de inmersión lingüística que se practica en Catalunya. Esa creencia la carga el diablo y, para demostrarlo, invitamos al lector a una reflexión y a ponerse en la piel de quien sufre la mentira del “café para todos” o de la España de las autonomías: nuestra realidad será la suya y, nuestro estatuto, el suyo. Comienza la simulación.

En el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Castellana se designa el castellano como la lengua propia de su territorio (artículo 6.1). En el artículo 6.2 se plasma lo siguiente: “El idioma castellano es el oficial de la Comunidad Castellana, igual que el valenciano, que es el idioma oficial del estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma castellano”, punto que cumple escrupulosamente con el ordenamiento jurídico (artículo 3.1 de la Constitución Española) donde se recalca que “el valenciano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”.

Todo queda en un susto: el español (es decir, el valenciano) es obligatorio en todas las escuelas, es un “deber” con pelo en pecho. Reconocido el derecho de todos los castellanos a ser educados en su lengua autóctona (recordemos que un “derecho” no es un “deber”), encontramos una falta de garantías para que eso pueda llevarse a cabo, pues “se delimitarán por ley los territorios donde predomine el uso de una lengua o de la otra, así como aquellos que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunidad Castellana” (artículo 6.6). Como es de sobra conocido, las comarcas del sur y del interior del territorio autonómico castellano son de mayoría valenciano-hablante, y su población no ve con buenos ojos que el castellano “se imponga” en la educación de sus hijos cuando, a nivel global, el valenciano es la segunda lengua más hablada después del inglés.

Queda, pues, la educación en (y del) castellano legalmente excluida de la enseñanza pública para estas comarcas, beneficiando, así, al valenciano, que se establece en todos los ámbitos de uso social formales como único idioma. Y con ésto, otra contradicción: “nadie podrá ser discriminado en razón de su lengua” y “se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del castellano” (artículo 6, puntos 4 y 5, respectivamente), a lo que el vulgo responde a los castellano-hablantes que açò és Espanya i ací es parla espanyol! (¡esto es España y aquí se habla español!) -Per a quins assumptes importants serveix parlar castella? (¿Para qué asuntos importantes sirve hablar castellano?), se preguntaba hasta hace poco una exministra.

Este es el resultado último de la diferencia que existe entre deber/derecho, obligatorio/opcional, rico/pobre, formal/informal, bueno/malo, grande/pequeño, amo/esclavo, hombre/mujer y, en definitiva, mando/obediencia. Aunque en la presente reflexión hayamos subvertido la realidad por la ficción y el castellano por el valenciano, la realidad de todos los idiomas del estado con respecto al oficial del mismo no cambia ni un ápice.

El opuesto castellano/resto deviene aquí en un amargo vida/muerte que es la esencia de la incomprensión y de los conflictos territoriales. Sin diálogo, entendimiento y respeto llegará el momento en que el divorcio será un hecho irreversible y justificado, como ya hace mucho tiempo que lo viene siendo. “No hay peor ciego que el que no quiere ver” (Baltasar Gracián, El Criticón).