Juicio por el despido de la directiva de la EMT de València imputada por el fraude millonario, con un precedente que la salva

El juicio por el despido de Celia Zafra, la directiva de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de València que fue engañada en la estafa del CEO, ha quedado visto para sentencia. Las partes, a pesar de la buena predisposición inicial para negociar, no han llegado a un acuerdo y el Juzgado de lo Social número 1 de València ha celebrado este jueves la vista en la que han declarado como testigos dos responsables de la empresa, el presidente del Comité de Empresa y dos peritos que analizaron el ordenador de la jefa de Administración.

La letrada de la EMT ha argumentado que el despido se fundamenta en un “incumplimiento grave” de los protocolos internos de la empresa pública (al enviar las firmas de sus superiores al estafador) y en el supuesto ocultamiento, una vez que se destapa la estafa, del correo electrónico en el que sirve en bandeja las rúbricas de los apoderados de la empresa, lo cual supone, a juicio de la EMT, una “omisión culpable y dolosa”. “La razón fundamental para extinguir la relación laboral es el incumplimiento del deber de custodia”, ha dicho la abogada, que ha insistido en desvincular el pleito laboral de la causa penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 18 de València y en la que Zafra figura como única investigada por el descomunal fraude de cuatro millones de euros.

“Teníamos toda la confianza del mundo depositada en ella y la quebró”, ha dicho en sus conclusiones finales la abogada de la EMT, quien ha reprochado a la directiva despedida que “sabía que recibía cartas de pago que no estaban firmadas por los apoderados”.

El letrado de la exdirectiva ha defendido que no concurre la “voluntariedad” al estar “secuestrada por el estafador”. El abogado ha recordado que antes de ser fulminantemente despedida la mujer colaboró en el esclarecimiento de los hechos y no ocultó nada “ni lo ha intentado”. La defensa de la exdirectiva, que estaba cerca de la jubilación, ha acusado a la empresa municipal de no tener un plan de formación o protocolos claros en materia de ciberseguridad para sus trabajadores, tal como apuntan las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre la EMT. “Fue un despido muy rápido, no sé si por motivos políticos o empresariales”, agrega.

Ambas partes se han referido a la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que absolvió a una trabajadora del Grupo Ilunion víctima de un fraude del CEO en el que el o los estafadores usaron los mismos e-mails falsos y la misma cháchara que en el caso de la EMT de València, tal como informó este diario hace un año. El letrado de Zafra ha dicho que se trata del mismo contenido y de la misma mecánica mientras que la abogada de la EMT ha recordado que en el caso de la empresa de Madrid, la trabajadora que picó en el fraude nunca fue imputada en la causa penal por la estafa (“no es el mismo hecho ni el mismo supuesto”, ha indicado), como lo ha sido la directiva de la empresa de València.

La sentencia del TSJ de Madrid marca el camino de un más que probable fallo que contemple el despido improcedente de Celia Zafra. Es una de las pocas sentencias firmes en materia de fraudes del CEO, una estafa que las empresas privadas suelen ocultar o en todo caso gestionar con la máxima discreción. El TSJ de Madrid estableció que al ser una persona engañada por un malhechor que se hace pasar por alguno de sus jefes no hay voluntariedad. Y, por tanto, no hay responsabilidad. El juicio ha quedado visto para sentencia.