La esterilización política del nacionalismo catalán

La transferencia de la política autonómica a la Fiscalía General del Estado y a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, que se produjo con la activación del artículo 155 de la Constitución, ha sido posiblemente el acontecimiento con mayor impacto en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución.

Lo que realmente se puso en marcha por el tándem José Manuel Maza y Manuel Marchena, tras la entrada en vigor del artículo 155, con la destitución del Govern presidido por Carles Puigdemont y la disolución del Parlament presidido por Carme Forcadell, fue una estrategia de esterilización política del nacionalismo catalán. El derecho penal ha sido utilizado para tensionar internamente al nacionalismo y, sobre todo, para imposibilitar y, si no es posible, hacer extremadamente difícil, que el nacionalismo catalán pueda participar en la política estatal. 

Esta estrategia de esterilización tuvo éxito inicialmente. A pesar de que la derecha española dejó de ser mayoritaria desde las elecciones de diciembre de 2015, continuó manteniéndose en el Gobierno hasta 2018 como consecuencia del cordón sanitario que consiguió imponer al nacionalismo catalán en su conjunto. Mariano Rajoy consiguió ser investido gracias a la abstención del PSOE, pero careció de mayoría de gobierno. Cuando en 2018, gracias en muy buena medida a Pablo Iglesias, se consiguió levantar el cordón sanitario al nacionalismo catalán, pudo imponerse la nueva mayoría de gobierno alternativa liderada por el PSOE, que se ha mantenido contra viento y marea hasta hoy. 

Esta mayoría de gobierno alternativa no ha dejado de ser calificada de “ilegítima” por las derechas españolas desde el primer momento con la ayuda inestimable de una parte muy importante de los jueces y magistrados que “ocupan” el Consejo General del Poder Judicial y que son mayoritarios también en órganos judiciales decisivos como la AN y la Sala Segunda del TS. Y hasta la reciente renovación también en el Tribunal Constitucional. Sin dicha ayuda la calificación habría carecido de credibilidad. Sin los jueces, Feijóo y Abascal serían la mitad o menos de la mitad de lo que son. 

Por eso, es indispensable que la presión judicial no se detenga. Cualquier intento de encontrar una respuesta de naturaleza política a la integración de Catalunya en el Estado, tiene que ser entorpecido y, si es posible, desbaratado mediante la acción de los jueces. 

Esto es lo que significa el auto dictado este pasado 13 de febrero por la Sala Segunda del TS. Rebelión contra las Cortes Generales por la supresión del delito de sedición, con lo que se da munición a las derechas españolas para las próximas campañas electorales. Interpretación vengativa de la reforma del delito de malversación para confirmar lo que todavía quedaba en pie de la sentencia contra Oriol Junqueras y demás condenados y posibilitar que se persiga con largas penas privativas de libertad a los políticos nacionalistas que habían colaborado con él.

Lo que está en juego es el resultado electoral de las próximas elecciones generales. Una parte muy importante del poder judicial ha decidido intensificar su participación en la campaña. Su estrategia de esterilización política del nacionalismo catalán puede ser una pieza clave en el resultado general.