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Aprobada la Ley de Turismo que permite a los ayuntamientos valencianos regular los apartamentos turísticos

Con la nueva normativa cualquier alojamiento que quiera inscribirse en el registro de apartamentos turísticos de la Generalitat necesitará un informe favorable de su ayuntamiento.

El Síndic de Greuges pide un mayor control sobre estos inmuebles a la ciudad de València tras la queja de un vecino de Russafa.

El Bus Turístic en la Plaza de la Reina de Valencia con el Micalet al fondo

El Bus Turístic en la Plaza de la Reina de Valencia con el Micalet al fondo Jesús Císcar

El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha resaltado este miércoles que  "hoy es un día muy importante para todo el sector turístico, porque la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana ayuda a construir nuestro relato en un sector que es fundamental para entender la economía, la sociedad, el territorio, el prestigio y los valores de lo que somos los valencianos y valencianas".

Así se ha pronunciado en Les Corts, tras el debate parlamentario donde se ha aprobado la normtiva con 62 votos a favor y sin votos en contra.

Colomer ha destacado que "es una Ley que se ha trabajado mucho con la colaboración de todo el sector turístico y de la ciudadanía, que consagra la hospitalidad y nuestros valores desde el propio título", al tiempo que ha señalado que a través de esta nueva Ley "busca y atrapa los conceptos de la mediterraneidad como estilo de vida y un relato que presentamos al mundo como credenciales".

Como informó eldiario,es, una de las principales novedades de la normativa es que otorga competencias a los ayuntamientos valencianos para regular los apartamentos turísticos.

Así, cualquier propietario que quiera inscribir su alojamiento en el registro de apartamentos turísticos de la Agencia Valenciana de Turismo, requisito obligado para ofertarlo en las diferentes plataformas de alquiler, necesitará un informe favorable de compatibilidad urbanística de su ayuntamiento.

En esta línea, la secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València y concejala de Turismo, Sandra Gómez, se ha mostrado satisfecha por la aprobación de la Ley de Turismo ya que "supone una magnífica noticia para los Ayuntamientos, sobre todo, para aquellos en los que estamos más afectados por la controversia de los apartamentos turísticos".

Como ha señalado Gómez "el Ayuntamiento de València, con la aprobación de esta Ley, tendrá los instrumentos necesarios para regular y controlar este tipo de oferta" y además "determinar el modelo turístico que necesita nuestra ciudad".

En ese sentido ha recordado que a partir de este momento, "cualquier vivienda que quiera inscribirse no lo podrá hacer sin el informe favorable de compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento de València".

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha valorado positivamente esta normativa, ya que "respeta la autonomía municipal" y plantea "que el turismo tiene que tener un crecimiento ordenado y sin causar problemas como la gentrificación que puede afectar a los barrios con una subida del precio de los alquileres". Una gentrificación que, como ha indicado Ribó, tiene también otras causas, como por ejemplo, la ley de arrendamientos del Estado.

"Los apartamentos turísticos, queramos o no, están provocando un crecimiento del precio del alquiler y están echando a algunas personas fuera de su propio barrio", ha destacado Ribó después de la aprobación de la Ley de turismo, una norma que, como ha valorado el alcalde, se dirige "más a los intereses de las grandes empresas de apartamentos turísticos" que a los particulares.

El alcalde ha explicado que "esta normativa es muy importante para València, ya que la ciudad está registrando en este momento un crecimiento turístico muy importante y esto está causando muchos beneficios, pero también problemas en algunos barrios".

Ribó ha explicado que esta ley dará a los ayuntamientos las herramientas para controlar y mejorar determinados aspectos del turismo, especialmente aquello que afecta a los apartamentos turísticos.

En este asunto, ha indicado que "hay que distinguir entre quien tiene un apartamento y lo alquila (hablamos entonces de economía colaborativa) y las grandes empresas que están comprando pisos para alquilar y quieren normas únicas para saltárselas de la mejor manera".

El alcalde ha manifestado también que es importante "dejar la puerta abierta para hablar de una tasa turística que podría compensar necesidades de limpieza, seguridad y otros".

El Síndic pide más control

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomendado al Ayuntamiento de València que adopte las medidas que sean necesarias –incluida la incoación de los expedientes sancionadores- para garantizar que la actividad de los apartamentos turísticos se ajuste a ley de contaminación acústica y a la de alquiler de pisos vacacionales.

La actuación del síndic tiene su origen en la queja presentada por un vecino de Ruzafa que indicaba que desde marzo de 2014 viene denunciando las molestias acústicas, así como los problemas de convivencia y de seguridad que viene padeciendo como consecuencia de dos viviendas destinadas a alquiler turístico, sin contar, supuestamente, con las autorización indispensables para su funcionamiento.

Y es que, de acuerdo con el PGOU de València, no se permiten viviendas turísticas en suelo residencial, dejándolo únicamente al suelo terciario.

En relación con esta situación, la única información suministrada por la administración ha sido la relativa a los intentos –todos ellos infructuosos- de girar visitas de inspección con la finalidad de determinar la realidad de las denuncias formuladas por el interesado en torno a la existencia de apartamentos de alquiler vacacional en el edificio en cuestión.

De la información remitida por el Ayuntamiento, el síndic también deduce la insuficiencia e ineficacia de las medidas adoptadas por la administración a raíz de las denuncias formuladas por el ciudadano, para paliar un problema que viene padeciendo y denunciando de manera constante.

De ahí que el defensor insista en adoptar las medidas que resulten pertinentes para determinar la realidad de dichas denuncias y, muy especialmente, para garantizar que la actividad que –en su caso- se constate que se viene ejerciendo se ajusten a la ley.

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