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Ecologistas y vecinos llevarán al juzgado la ampliación del Puerto de València si no se hace un nuevo informe ambiental

La Comisión Ciutat-Port alega ante el Gobierno, la Generalitat y Autoridad Portuaria de València que la modificación del proyecto original invalida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007

Según las entidades, el proyecto modificado de julio de 2018 supera los 20.000 metros cúbicos anuales de dragados marinos que marca la ley 21/2013, por lo que requiere una evaluación ambiental ordinaria en lugar de simplificada

Los representantes de la Comisión Ciutat-Port

Los representantes de la Comisión Ciutat-Port

La Comisión Ciutat-Port, integrada por las entidades Per l’Horta, Acció Ecologísta Agró, Ecologistas en Acción, Asociació de veïns i veïnes de Natzaret y la Plataforma el litoral per al poble (PELPAP), ha presentado este lunes las alegaciones que llevarán ante el Ministerio de Fomento, la Conselleria de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria de Valencia, ante "el cúmulo de irregularidades que concurren en el proyecto de la macroampliación del Puerto de València y el concurso para la concesión de una terminal de contenedores".

Todas las entidades han exigido que se paralice cautelarmente el proceso de adjudicación de la gestión y de las obras del nuevo muelle a la naviera MSC, que prevé una inversión cercana a los 800 millones de euros, que se abra un debate público con participación de las entidades ecologistas y vecinales y que se elabore una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el nuevo proyecto aprobado en julio de 2018, el cual contiene cambios sustanciales con respecto al que obtuvo evaluación ambiental favorable en 2007.

El portavoz de Per l'Horta, Josep Gavaldà, ha recordado que estas modificaciones implican la demolición de un contradique, la prolongación del dique de abrigo en 500 metros y una nueva configuración de los muelles que requieren de más arena de relleno y de un canal de acceso para los barcos con tres metros más de profundidad.

Precisamente, este es el argumento esgrimido por los colectivos para alegar que es obligatoria una nueva DIA. El letrado de la entidad y exsecretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, ha explicado que la evaluación ambiental favorable obtenida en 2007 se tramitó de forma simplificada.

Sin embargo, "el proyecto modificado de julio de 2018 supera los 20.000 metros cúbicos anuales de dragados marinos que marca la ley 21/2013, por lo que requiere una de una evaluación ambiental ordinaria, en lugar de simplificada como es la de 2007".

Montiel ha explicado también que el proyecto modificado de 2018 amplía a los 21,3 millones de metros cúbicos los volúmenes de dragados generales (en canales de navegación y dársena) y zanjas de cimentación de los muelles, lo que supera ampliamente los 19 millones previstos en el proyecto inicial de 2007 y recogidos como tope máximo en la DIA del mismo año.

Además, según el artículo 7.1 apartado C de la ley 21/2013, "será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria cualquier modificación de las características de un proyecto consignado".

En este caso, "nos encontramos ante una modificación de un proyecto ya consignado dado que la modificación de las infraestructuras de abrigo, especialmente la construcción de 505 metros adicionales sobre el actual dique de abrigo norte, supone una ampliación de las aguas interiores del puerto (Zona I) no contemplada en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de València de 2014".

Montiel ha advertido de que si no se paraliza cautelarmente el proceso de adjudicación llevarán el tema al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana: "si la APV y el Ministerio de Fomento desoyen nuestras alegaciones que cuestionan el proyecto de macroampliación y siguen adelante con la concesión para provocar una política de hechos consumados nos veremos a acudir a los tribunales, al contencioso administrativo, contra la concesión".

Impacto en las playas del sur

Los portavoces de las diferentes entidades han insistido en que "tomar ciertas decisiones en tiempos de riesgos climáticos e incertidumbre económica, no solo puede resultar altamente costoso en términos económicos sino también en términos de externalidades ambientales y sociales nunca evaluadas y, en definitiva, constituir una grave irresponsabilidad".

Además, han comentado que "en estas circunstancias los gestores públicos solo debieran atender en su actuación al interés general y no someterse al corto plazo de intereses económicos privados".

Las alegaciones que suscriben el conjunto de las entidades ciudadanas que integran la Comissió Ciutat-Port, alertan además del "impacto que para la franja litoral, densamente antropizada y pieza clave de la economía valenciana, así como para un espacio irremplazable y frágil como es el lago de l'Albufera, pudieran tener las actuaciones proyectadas por la APV en un contexto de fuerte calentamiento e incremento del nivel del mar Mediterráneo por efecto del cambio climático".

Los representantes de las entidades han cifrado la ampliación del Puerto en 3.000 millones de euros de dinero público debido a que, además de la inversión directa de 400 millones en el nuevo muelle, implicará la ampliación de la V-30 y el acceso norte subterráneo: "el tráfico contenedores crecerá un 150% y el de vehículos pesados pasará de 6.000 diarios a 15.000 diarios".

En este sentido, han advertido que el proyecto no solo afectará ambientalmente a la ciudad de València, sino a toda la comarca y se han preguntado cuántos puestos de trabajo se podrían crear con esa inversión de 3.000 millones de euros de dinero público en proyectos sostenibles.

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