Los médicos de atención primaria reclaman recursos para hacer frente a las jubilaciones: el 20% dejarán sus plazas en 5 años

La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud público. Ejerce de filtro, previene patologías graves y, además de ahorrar costes para la salud pública, mejora la gestión del gasto sanitario. Y sin embargo, este pilar del sistema no está del todo cimentado.

El presupuesto de la Generalitat de 2019 -se escoge este año dado que en 2020 la pandemia ha trastocado las cuentas generales- destinaba al personal sanitario residente cerca de 123,8 millones de euros. El mismo año, el presupuesto para asistencia sanitaria era de 4.400 millones de euros. La asistencia sanitaria engloba desde los centros de salud hasta los hospitales y la Sociedad Española de Medicina Familiar estima que sólo los ingresos hospitalarios suponen el 75% del presupuesto para un 5% de las personas atendidas. Estos porcentajes dejan a la atención primaria como el familiar 'pobre' del sistema. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública no ha detallado el gasto concreto para atención primaria, tampoco la cifra de profesionales, aunque informaciones anteriores indican que cada médico atiende a 1.500 tarjetas sanitarias de media.

Una de las preocupaciones en el sistema sanitario valenciano antes de la pandemia era la escasez de plazas y las jubilaciones de personal, acechando a la vuelta de la esquina. Según una proposición no de ley presentada por el PSPV en las Corts Valencianes, se estima que cerca de 2.700 médicos de atención primaria, uno de cada cinco en el Estado español, se jubilarán en los próximos cinco años. Si añadimos que la época de los recortes afectó a la convocatoria de plazas, que la tasa de reposición durante años ha sido cero -como indicaba la diputada Carmen Martínez en una entrevista en eldiario.es- y que las bolsas de personal están prácticamaente “vacías”, el panorama se dibuja pesimista.

Vicente Gassull es presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en la Comunitat Valenciana y especialista en medicina familiar en Torrent. Considera que “la falta de recursos es patente desde hace tiempo”. “Las bolsas de trabajo de pediatría, medicina familiar y enfermería están vacías. Hay plazas que han desaparecido. En el último año se han ido cerca de 3.000 personas fuera”, explica indignado sobre el éxodo de graduados en España. Reconoce el trabajo de la conselleria en el refuerzo de las plazas, aunque recuerda que cada médico graduado tarda en hacer la especialidad -el MIR- cuatro años. El tic tac se acelera.

Entre las demandas de la asociación está adecuar la carga asistencial a la realidad de cada municipio y potenciar los recursos materiales y humanos para evitar una “sobrecarga del sistema”. “Queremos que la burocracia salga de las consultas. Muchas veces se nos come. Es tiempo que ganaríamos para los pacientes. La telemedicina hay que desarrollarla. Con los recursos que hay, muchas consultas se podrían resolver por vía telemática. La pandemia ha demostrado que muchas cosas se pueden resolver telefónicamente”. Precisamente, otra proposición no de ley del grupo socialista aboga por desburocratizar las consultas y potenciar la telemedicina.

Los últimos presupuestos de la Generalitat Valenciana, aprobados en 2020, preveían la consolidación de 372 plazas sanitarias. La consellera Ana Barceló anunció que este sería el año de la mayor oferta pública de empleo; un anuncio que queda pendiente de verificar por la pandemia. Precisamente la emergencia de la COVID-19 ha acelerado la contratación de médicos, incluso aquellos residentes, aunque no se conoce con exactitud si consolidarán la plaza. El president Ximo Puig anunció la contratación de 850 profesionales médicos para hacer frente a la pandemia, además de un millar de 'rastreadores' de casos de coronavirus. 

Pese a este refuerzo, los profesionales de primaria esperan una sobrecarga en verano y otoño, cuando convergen las vacaciones que no se sustituyen y cuando el coronavirus convivirá con otros virus habituales, como gripes y resfriados.

Inversión sanitaria en la Comunitat Valenciana

En el conjunto del Estado, según el Ministerio de Sanidad, en 2018 se invirtieron 1.523 euros por habitante en sanidad, 200 más que en 2014, aunque lejos de la cifra precrisis. Desde 2009 este gasto ha sufrido un recorte de entre 15.000 y 21.000 millones en el presupuesto, según las fuentes citadas en otro informe del ministerio; recortes realizados por todas las comunidades autónomas pero que varían entre ricas y pobres. Del presupuesto de 2018 en Sanidad, un 14,5% del gasto consolidado se destina a servicios de atención primaria, una distribución también desigual entre comunidades autónomas, que son las que ejercen esta competencia y gestionan el 92% del presupuesto, según indican las estadísticas del ministerio.

Pese a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana, desde 2015 el Ejecutivo autonómico ha hecho notables esfuerzos por acercase a la media en gasto público consolidado en sanidad. En cuatro años, ha crecido un 23% el gasto destinado a Sanidad, que se lleva la gran parte del presupuesto de la Generalitat Valenciana. Según las cifras del ministerio, se sitúa en torno a los 1.400 euros por habitante, con 7.000 millones de presupuesto en 2018. La falta de financiación genera un problema añadido: según expresaba el diputado de Compromís Joan Baldoví en el Congreso, a finales de septiembre se agota el presupuesto y el Ejecutivo autonómico tiene que endeudarse para pagar, lo que incrementa notablemente el déficit en las arcas públicas. La Generalitat Valenciana hace frente al gasto sanitario con préstamos desde el último trimestre del año.