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El gobierno valenciano busca evitar que salga de prisión el cómplice del conseller del PP que saqueó fondos de cooperación

Augusto César Tauroni cumple su primera condena de seis años el 23 de febrero, pero está pendiente de juicio en otras dos causas por el fraude en las ayudas cuando Rafael Blasco, también en prisión, ocupaba la cartera de Solidaridad y Ciudadanía

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Augusto César Tauroni, al fondo, y Rafael Blasco durante el juicio en el que fueron condenados.

Augusto César Tauroni, al fondo, y Rafael Blasco durante el juicio en el que fueron condenados.

La condena de seis años a Augusto César Tauroni por el llamado 'caso Blasco' se cumple el 23 de febrero. Su abogado ya ha solicitado la puesta en libertad de la cárcel de Albocàsser, centro al que fue trasladado en 2016 desde el de Picassent, donde sigue encarcelado el conseller de Solidaridad y Ciudadanía en la época del PP Rafael Blasco. Ambos fueron condenados por el fraude en ayudas de cooperación al desarrollo en Nicaragua que se desviaron a la compra de unos inmuebles en Valencia y a una empresa que manejaba Tauroni.

El Gobierno valenciano, que forman el PSPV-PSOE y Compromís con apoyo parlamentario de Podemos, intenta evitar que Tauroni salga de la cárcel. A través de la Abogacía de la Generalitat, el Ejecutivo que preside Ximo Puig, se opone a la puesta en libertad porque Tauroni está pendiente de juicio en otras dos piezas del saqueo de las subvenciones de cooperación al desarrollo entre los años 2008 y 2011.

En una de esas piezas, se juzgará una trama de organizaciones no gubernamentales creada por Tauroni para hacerse con fondos destinados a cooperación gracias al amaño de las ayudas que concedía el departamento dirigido por Blasco. La otra causa se centra en el desvío de fondos destinados al proyecto de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. La apropiación incluye las aportaciones solidarias realizadas por los valencianos y valencianas en los meses posteriores a la catástrofe.

El segundo argumento esgrimido por la Generalitat Valenciana para oponerse a la puesta en libertad de Tauroni es que no ha hecho frente a sus responsabilidades civiles. Tanto el conseller Blasco como su cómplice, ambos procedentes de la ciudad de Alzira y viejos conocidos, todavía deben pagar los 800.000 euros con los que han de resarcir cada uno al erario público.

Tauroni está implicado en otro caso más relacionado también con Blasco. Se trata del supuesto amaño de los contratos de servicios informáticos de las sucesivas carteras que el exconseller del PP fue ocupando, siempre con su cómplice como beneficiario. Tauroni estaba citado a declarar este viernes ante la juez que instruye esta última investigación.

El hombre de confianza de Blasco entregó voluntariamente su pasporte a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que advirtió de la existencia de riesgo de fuga.

La Coordinadora de ONG pide que Tauroni permanezca en prisión provisional

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Coordinadora Valenciana de ONG reclamó el ingreso de nuevo en prisión provisional de Tauroni. La coordinadora alegó que todavía no se han recuperado los fondos públicos que debieron ir a parar a proyectos de cooperación internacional y que, en consecuencia, existe un evidente riesgo de fuga. La jueza deberá decidir sobre este asunto próximamente.

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