La Fiscalía investiga a la delegada del Gobierno en Ceuta por prevaricación en la devolución exprés de 55 menores

La Fiscalía de Ceuta ha citado a la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, a declarar el próximo 13 de diciembre en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa por la devolución a Marruecos entre el 13 y el 15 de agosto de 55 menores migrantes al margen de lo establecido en la legislación española y sin cumplir ninguno de los trámites exigidos en el Reglamento de la Ley de Extranjería, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado elDiario.es.

La actuación del Ministerio Público es consecuencia de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores de Granada por la entidad ‘L'Escola A.C Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas’, según han informado fuentes jurídicas a elDiario.es

La Fiscalía también ha llamado a declarar, el 10 de diciembre y como testigos, al secretario general de la institución de la Plaza de los Reyes, Ismael Kasrou, que el 10 de agosto recibió un correo electrónico de la Secretaría de Estado de Seguridad “rogando” iniciar cuanto antes la expulsión exprés de los jóvenes llegados en mayo, y a la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu, competente en materia de Menores.

Cuando escuche sus declaraciones, el Ministerio Público deberá decidir si existe base para presentar una denuncia y abrir un procedimiento penal en los Juzgados o si opta por el archivo de las diligencias.

El Reglamento de la Ley de Extranjería establece que la delegada es la competente en Ceuta para “llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado” una vez recabados informes tanto del país de origen como de la entidad que tenga atribuida su guarda, custodia o tutela como al país de origen.

Ni esos ni ningún otro de los requisitos establecidos en la normativa se cumplieron entre el 13 y el 16 de agosto, cuando la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenó paralizar las expulsiones a la vista de que “ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación”.

Tanto el Gobierno central como el local apelaron a un acuerdo bilateral firmado en 2007 para realizar “retornos asistidos” al margen de lo previsto en la normativa nacional y en los tratados internacionales a pesar de que ese pacto exige que las autoridades españolas obren “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”. 

“Ni se ha tramitado cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación”, razonó la magistrada para paralizar el procedimiento.