La Justicia ordena reabrir el caso de las temporeras de Huelva que denunciaron acoso sexual
La Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado la reapertura del caso de las cuatro temporeras marroquíes que denunciaron a un empresario de la fresa por supuesto acoso sexual durante su trabajo en una finca de Almonte. El juez instructor había archivado la causa en diciembre del año pasado, pero la resolución del recurso por parte de la instancia superior ha anulado el sobreseimiento y solicita la toma de declaración de las denunciantes.
En el auto fechado a 13 de mayo, adelantado por la revista La mar de Onuba, los magistrados exigen al juzgado de instrucción número 3 de la Palma del Condado (Huelva) continuar con la investigación del caso, que a su juicio no ha sido agotada debido a la necesidad de escuchar a las cuatro temporeras que denuncian haber sido víctimas de acoso sexual.
“Revocamos la citada resolución ordenando al juzgado que reciba de declaración a las denunciantes” así como “practicar cualquier otra diligencia que de la misma se derive o se repute necesaria”, ha concluido la Audiencia Provincial de Huelva.
En junio del año pasado, una de las trabajadoras denunció que sufrió tocamientos en sus pechos y genitales por parte del empresario para el que trabajaba en la finca. Por su parte, el resto de temporeras aseguraban haber sido víctimas de acoso, ante la insistencia del empleador de mantener relaciones sexuales con ellas a cambio de dinero.
En un auto fechado a 10 de abril de 2018, el juzgado de Palma del Condado entendía que “no hay indicios delictivos”. Según detalló Europa Press, la causa se incoó en junio pasado y el empresario compareció como investigado el 14 de junio por un presunto delito de acoso sexual.
El juzgado señalaba que los hechos denunciados no han quedado acreditados a lo largo de la investigación practicada, en la que se tomó declaración al empresario y “como prueba anticipada o preconstituida” a las cuatro súbditas marroquíes ante el riesgo de que concluyera su contrato de trabajo y regresaran a su país. Según defendía el juzgado, se procedió de esta manera para “salvaguardar sus derechos y adoptar las medidas oportunas con todas las garantías, explicaba el juez en el auto que acordaba la apertura de las diligencias previas”, informa Europa Press.
