El Juzgado de Ceuta envía a la Audiencia Nacional el caso de las muertes del Tarajal
El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha concluido que no tiene competencia para continuar con la investigación y ha acordado su “inhibición” al entender de forma provisional que los fallecimientos tuvieron lugar en aguas marroquíes. Bajo esta justificación, pide a la Audiencia Nacional, con competencia para instruir delitos cometidos por españoles en el extranjero, que se encargue de la instrucción de la muerte de 15 personas en un intento de entrada a la ciudad autónoma repelido por la Guardia Civil con material antidisturbios.
Basándose en las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil en servicio el 6 de febrero, la magistrada María del Carmen Serván ha acordado “inhibición en el conocimiento del caso a favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional”, según sentencia en un nuevo auto al que ha tenido acceso eldiario.es. “Se puede concluir –apunta–, al menos en este momento de la instrucción, que las muertes investigadas se produjeron en Marruecos”.
Como se está investigando “las muertes sufridas por los inmigrantes en territorio marroquí como consecuencia de la actuación de los agentes de la Guardia Civil”, explica, “se procede a la inhibición del conocimiento de esta causa” en favor de la Audiencia Nacional, que sí tiene competencia para instruir delitos efectuados por españoles fuera del territorio español.
La jueza instructora del caso de las muertes del Tarajal, como adelantaba eldiario.es, había pedido a las partes su opinión ante una posible “falta de competencia” del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta para continuar con la investigación del fallecimiento de 15 personas en un intento de entrada repelido por la Guardia Civil con material antidisturbios. Según desarrolla el auto de la magistrada y como explicó este periódico, las partes de la acusación popular no coincidían.
Por un lado, Coordinadora de Barrios se ha mostrado favorable al traspaso de la causa a la Audiencia Nacional “si se entiende que las muertes ocurrieron en Marruecos” pero, matiza que esto es muy difícil de conocer y todavía no está demostrado. Por otro, el Observatorio de Drets Humans considera que el Juzgado de Instrucción número de 6 de Ceuta tiene competencia para investigar la causa y, por tanto, no debería ser traspasada.
“Atendiendo al informe de la Comandancia de la Guardia Civil se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, para que en el plazo de 5 días aleguen lo que estimen conveniente respecto de la falta de competencia de este Juzgado para conocer los hechos investigados”, rezaba la providencia emitida por la jueza el pasado 28 de noviembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, al que tuvo acceso eldiario.es, ha impulsado la decisión de la magistrada María del Carmen Serván. Las declaraciones de los agentes incluidas en el documento deslizan en numerosas ocasiones que las muertes se habrían producido en aguas marroquíes. El Ministerio del Interior siempre ha defendido esta versión, así como su rechazo a la relación entre los fallecimientos y el uso de material antidisturbios por parte del Instituto Armado.
Fuentes de la acusación popular reiteran que aún se desconoce dónde murieron estas personas y recuerdan que los testimonios de los supervivientes y los de los agentes indican que algunos de los momentos más dramáticos tuvieron lugar en la punta del espigón, donde se determina la línea fronteriza entre España y Marruecos. Los agentes, en el informe remitido a la jueza, reconocieron el uso de material antidisturbios hacia el agua mientras “un número importante de ellos estaba agolpándose en la misma punta, creando un embudo donde se puede ver cómo se empujan y apelotonan”.
En este sentido, las mismas fuentes reiteran que “es muy complicado saber dónde murió exactamente cada persona”. Y que, “aunque las muertes se produjesen en aguas marroquíes”, se está investigando también “la actuación de la Guardia Civil” por el uso de pelotas de goma y botes de humo para evitar el intento de entrada.
“Sacar el caso de Ceuta”
Según ha podido saber eldiario.es, las diferentes partes personadas como acusación popular difieren en la conveniencia del posible traslado de la causa a la Audiencia Nacional.
Unos entienden que “sacar el caso de Ceuta” sería beneficioso para agilizar la investigación, debido a que sospechan que la posibilidad de presiones gubernamentales en un juzgado de una ciudad autónoma podría ser superior que en instancias superiores. Otros temen que el traslado de la causa pueda atrasar aún más la labor instructora del caso y, tras cesar la atención mediática sobre los hechos, sea más sencillo archivarla sin realizar una investigación adecuada.
Las fuentes consultadas de la acusación popular coinciden en los “obstáculos” impuestos a la investigación de la causa. Un ejemplo es el volumen de documentación solicitada para la personación de los familiares de las víctimas o el hecho de haber solicitado un informe de pruebas a la Comandancia de Ceuta, cuando la actuación de sus agentes es la que está siendo investigada, apuntan.
Además, critican la “pasividad” de la jueza a la hora de tomar la iniciativa de solicitar pruebas a las diferentes partes. Por estas razones, están de acuerdo en que la titular del Juzgado número 6 de Ceuta quiere “deshacerse del caso”, indican fuentes de la acusación popular.
