Leo Apegos Feroces, de Vivian Gornick. El libro, estupendo, es algo así como unas memorias a trozos de la relación de la autora con su madre, un apego feroz contado con finura e inteligencia. También, en sus primeros capítulos, es un retrato del entorno en el que creció Gornick, un recuerdo sin abuso de la nostalgia que incluye la descripción de una forma de entender la vida en la ciudad que se ha desvanecido, de un barrio —el Bronx, pero podría ser cualquiera, también de los nuestros— en el que Vivian Gornick y su madre vivieron rodeadas de relaciones vecinales de apoyo y de comunidad que hoy, porque cerramos con llave las puertas de nuestras casas hasta cuando estamos dentro, se han quedado atrás. Leo a Gornick y pienso sobre este triunfo global del individualismo en el que, cada vez más, las relaciones son económicas o no son. Paso al siguiente libro en la cola de lectura y me doy cuenta de que en España tenemos un problema aún más gordo, y precisamente relacionado con esas casas en las que nos guardamos como si fueran cofres.
De la especulación al derecho a la vivienda. Más allá de las condiciones del modelo inmobiliario español, de Raquel Rodríguez y Mario Espinoza (Traficantes de Sueños, 2018), es un libro necesario para entender y para entendernos. Explica de forma clara cómo hemos llegado a meternos en este estado permanente de burbuja en el que vivimos y por qué es algo absolutamente estructural. Traza la historia de las políticas de vivienda en España desde mediados de los 50, cuando el ministro del ramo, José Luis Arrese, dijo eso de de “no queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Desde entonces hasta ahora, todas las medidas y planes que se han diseñado —con pocas excepciones, como las leyes autonómicas de Andalucía, Cataluña y País Vasco tras el último estallido— han ido en la misma dirección: asentar aún más los pilares de nuestro modelo económico basado y especializado en turismo, bienes inmuebles y finanzas y en el que se entiende la construcción como vía fundamental de crecimiento económico y se impone, desde las políticas públicas, la cultura de la propiedad.
El texto de Rodríguez y Espinosa es la descripción de un fracaso estrepitoso o quizás no, porque en realidad la incapacidad de los gobernantes para legislar a favor de los ciudadanos ha sido el éxito de las empresas constructoras, las promotoras, las inmobiliarias y los bancos, que son quienes se benefician de que en España consideremos la vivienda como mercancía y no como derecho. Todo está contado aquí: las leyes de suelo, las de arrendamientos urbanos, los planes generales, las (in)competencias de las distintas administraciones, la inacción ante las viviendas vacías, las causas de los bajísimos índices de vivienda social…
La desorientación inmobiliaria española viene de lejos y va para largo si no se diseña una estrategia de transformación del modelo profunda y consensuada. Hace falta, como señalan los autores, un cambio de paradigma y la clave está, como apuntan también, en recuperar la función social de la vivienda. Pero, para que esto ocurra, hace falta algo más: se necesita un cambio cultural. No me es difícil estar de acuerdo con las soluciones que proponen Raquel Rodríguez y Mario Espinoza pero me cuesta imaginarlas sin un clima social no ya a favor, sino medianamente comprensivo con este tema. Algo que ahora, aún estando metidos en el charco profundo en que estamos, no existe.
Se ve muy bien esta necesidad leyendo dos entrevistas publicadas la semana pasada. Aquí, en eldiario.es, Marina Estévez hablaba con Miguel Garaulet, portavoz de vivienda de Cs, que ofrecía un discurso afilado para clavar aún más el modelo imperante, una narrativa que empezaba nada menos que negando la burbuja del alquiler. Dos días después, en El País, su flamante directora, Soledad Gallego-Díaz, preguntaba (junto a Carlos E. Cué) al igualmente flamante presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y aquí el asunto de la vivienda también se convirtió en esencial… por su ausencia. Ni una sola cuestión sobre un tema que puede ser la preocupación principal del 24% de los hogares españoles, los que no son propietarios según la última encuesta del INE (un dato que va creciendo pero que aún está lejos de lo que ocurre en Europa). Y he aquí la cuestión.
La cultura de la propiedad fomentada desde ese año 1956 ha logrado mucho más que un 76% de hogares con al menos una casa a su nombre —entre ellos, el mismo Pedro Sánchez y, supongo, los periodistas que lo entrevistaban—, la cultura de la propiedad se ha metido tan dentro de la piel de mucha gente que la mayoría concibe la vivienda como valor económico, no como derecho. Por eso tiene sentido dentro de sus cálculos electorales, aunque chirríe con la realidad, el discurso del hombre de Ciudadanos o el de su jefe, Albert Rivera, que anda acusando a Ada Colau de ir contra las clases medias trabajadoras tras la aprobación de medida que impone un 30% de vivienda social en las nuevas promociones en Barcelona.
¿Qué se puede hacer para cambiar esta cultura? Desde luego, sería conveniente que políticos y medios de comunicación fueran más sensibles a la realidad que tratan de transformar o de contar. ¿Algo más, ya en plan realista? Cuando leí a Gornick pensé que esos lazos y redes de apoyo que eran antes frecuentes en los bloques, en los barrios, estaban siendo sustituidos de alguna manera por el trabajo de ciertos movimientos sociales, muchos de los surgidos en y tras el 15M pero, sobre todo, por los movimientos por el derecho a la vivienda, primero la PAH y ahora los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos. Ellos, dentro de su esfuerzo de cohesión y activismo, también están realizando una función informativa muy necesaria para romper esa barrera mental que nos tiene atrapados en el modelo financiero-inmobiliario. Por ahí quizás se cuele el cambio necesario. Como concluyen Raquel Rodríguez y Mario Espinoza, “se trata de hacer que el valor de uso de las viviendas prime frente al mero valor de cambio; o, de otro modo, se trata de que el derecho a habitar dignamente desbanque de una vez por todas al derecho a especular”.
