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¿Existe desigualdad en la fiscalidad?

Cambiar el sistema fiscal para que sea más justo, más eficiente y que recaude lo suficiente para cubrir los gastos públicos, lo que supone combatir hasta su eliminación práctica el fraude fiscal. Estas son, a mi juicio, las exigencias que hay que plantear en cuestiones de fiscalidad a los partidos políticos una vez que se constituya el gobierno de España tras las elecciones. Pero una lectura de los programas de los partidos políticos no invita a ser muy optimista al respecto.

Oxfam Intermón

Imagen de Pablo Tosco Oxfam Intermón

Para que se tenga constancia de la magnitud del fraude fiscal y no se diga que no hay cifras, he realizado unos cálculo -a partir de la tesis doctoral que he dirigido, presentada en la Universidad de Salamanca por Emilio Pulido- que se refieren a la brecha fiscal entre la estimación de lo que debería recaudarse a partir de los datos de la Contabilidad Nacional y la recaudación efectiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), estimación que utiliza una metodología rigurosa y contrastada y a la que curiosamente no se les ha prestado atención alguna (a pesar de que dos de los miembros del tribunal que la evaluó tienen conocidos blogs de economía).

Pues bien, en el periodo 2003-2012 la media de ingresos no recaudados en el IRPF ha sido de 23.745 millones de euros y el IVA de 21.416, en total más de 45.000 millones de euros, lo que supone una pérdida media de recaudación que equivale nada menos que a 4,6 puntos porcentuales del PIB. Un fraude que además se concentra en las rentas empresariales y del capital y por ello aumenta aún más la regresividad del sistema fiscal. Reducir al mínimo este fraude fiscal debe ser la primera tarea de un gobierno que quiera de verdad reducir la desigualdad y mejorar la eficiencia del sistema fiscal español.

Bien es cierto que el fraude fiscal, como la falta de compromiso con lo público, parecen estar firmemente enraizados en la cultura española, como lo demuestra la falta de sensibilidad ante los casos de corrupción y fraude que asolan sobre todo al último partido que ha estado en el gobierno, sin que parezca afectar a una parte sustancial de sus votantes. Sin duda es otra de las herencias de la dictadura franquista, construida sobre la corrupción, el estraperlo y demás prácticas que estaban premiadas socialmente y que no hemos conseguido desterrar.

Por ello, además de las medidas de reforma de la administración tributaria, de persecución del fraude y lucha contra los paraísos fiscales, se hace necesario desde ya una campaña educativa que empiece en los primeros años de escolarización, recuperando la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pues precisamente pagar impuestos es lo que nos da el derecho de ciudadanía, aun sabiendo que, como todo en educación, sus efectos sólo los veremos a muy largo plazo, pero precisamente por ello cuanto antes empecemos mejor y lamentablemente no he visto propuesta alguna al respecto en los programas finales de los partidos políticos, aunque si estaba en el documento de base elaborado por los expertos en fiscalidad de Podemos.

En todo caso, desde el punto de vista técnico y a juzgar por sus efectos en la reducción de la desigualdad, en la eficiencia y en la reducción del fraude fiscal, el programa de Podemos ha sido a mi juicio el mejor y sus medidas las más acertadas para ajustarse a las propuestas al respecto que acaba de publicar el colectivo “Economistas frente a la crisis” seguido por el programa del Partido Socialista Obrero Español.

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