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AENA venderá el 51% de su filial de aeropuertos, tras reforzarla con la compra de Luton

Luton, a 54 kilómetros de Londres, tiene al año más de 15 millones de pasajeros.

Antonio Ruiz del Árbol

La privatización de AENA Aeropuertos se ha convertido en la historia interminable tras diversas tentativas frustradas en una década. En estos días, no obstante, parece que algo vuelve a moverse. Fuentes de la empresa pública han confirmado que están a punto de cerrar un acuerdo con la empresa catalana de infraestructuras Abertis a fin de desinvertir en la veintena de aeropuertos internacionales en los que, través de la empresa TBI, ostenta la propiedad y la gestión. Quieren deshacerse de todos, con una única excepción; el cuarto aeródromo de Londres, Luton, situado a 54 kilómetros de la capital, una operación a punto de cerrarse.

Las acciones de esta instalación, que ahora están en manos de Abertis (90%) y de AENA (10%) pasarían a ser controladas por la empresa pública que preside José Manuel Vargas, con el apoyo financiero de la aseguradora AXA.

Expertos del sector aeroportuario han asegurado que la operación de adquisición del aeropuerto de Luton por AENA está directamente relacionada con el proyecto de privatización de AENA Aeropuertos, cuya fecha de ejecución, según el último calendario propuesto por el Ministerio de Fomento, se situará en la primera parte de 2014.

Luton es un aeródromo que mueve cada año unos 15 millones de pasajeros. La dirección de AENA intenta compensar con esta cifra los desastrosos registros de la red española de 47 aeropuertos que gestiona. Baste recordar que en los últimos cinco años, entre 2008 y 2012, los aeródromos de AENA han perdido 16,3 millones de pasajeros.

Venta del 51%

Venta del 51% Pero la única novedad en el avance del proceso de privatización de AENA Aeropuertos no solo consiste en embellecer sus cifras de pasajeros con la incorporación de Luton. Fuentes solventes aseguran que, tanto en el Ministerio de Fomento como en AENA, se ha abierto un escenario por el que la parte del capital de la filial que se ofrecerá al mercado ya no será necesariamente minoritaria (hasta un 49%) sino que podría elevarse hasta el 51%, con lo que el control de la red quedaría en manos privadas.

El real decreto que faculta la apertura del proceso de privatización de AENA Aeropuertos fija el límite máximo en el citado 49%. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno han señalado que “han recibido mensajes inequívocos de los posibles interesados” en entrar en el capital de la filial en el sentido de que “la compra de una participación minoritaria no ofrece valor a los inversores y a la larga depreciará los beneficios de la desinversión para el Estado”.

Las mismas fuentes han señalado que cuando se establezca el calendario y las condiciones definitivas de la privatización “podrá marcarse un nuevo objetivo en la cuantía de la privatización” a la vez que “se reforzarán las competencias de los organismos estatales de control de la gestión aeroportuaria”.

Disolución de TBI

Disolución de TBI El indicio cierto de que el Gobierno ha decidido reactivar la privatización de la filial de Aeropuertos se produjo esta misma semana cuando Abertis y AENA anunciaron que habían cerrado un acuerdo con ADC & HAS Airports Worldwide para venderle los aeródromos de la ciudad irlandesa de Belfast y la segunda instalación aérea de la capital sueca de Estocolmo, así como las concesiones en el aeropuerto de Orlando Sanford (Florida) junto al negocio de gestión aeroportuaria de TBI en Estados Unidos. La operación se ha cifrado en 284 millones de euros.

Abertis y AENA también participan en una sociedad mexicana que es propietaria de 15 aeropuertos en México y el de Jamaica. Esta compañía, cuyo 85% del capital cotiza en las bolsas de Nueva York y México, está controlada por el 15% que poseen Abertis, Aena y un socio mexicano. Fuentes conocedoras de la operación han indicado que la desinversión en este conglomerado también formaría parte de la operación por la que AENA tomará el control de Luton.

Fuentes sindicales de AENA aseguraron que solicitarán explicaciones a la dirección de la compañía. Entienden que tras la aplicación de un ERE que ha afectado a 1.600 trabajadores de la empresa “tiene que justificarse de modo muy claro por qué se compra un nuevo aeropuerto y cómo se va a pagar su adquisición”.

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