La autoridad fiscal avisa que la propuesta de préstamo al Estado puede “desincentivar” a los ayuntamientos a conseguir superávit

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ve clara la propuesta del Gobierno para que los ayuntamientos presten su superávit al Estado, que se lo devolverá en forma de ingresos no financieros para que los puedan invertir en cuestiones relativas a agenda urbana, cuidados y cultura. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado “que el remanente que tenga una administración tenga que pasar a otras administraciones mediante un préstamo puede desincentivar la consecución de ese superávit porque no se saben cuáles son las posibles consecuencias que pueden tener esos préstamos”, durante la presentación este jueves del Informe sobe Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y regla de gasto 2020.

La solución que Hacienda hizo llegar a la representación de las corporaciones locales permite a los consistorios invertir parte del remanente de tesorería que tienen inmovilizado en las entidades bancarias sin incurrir en déficit, algo que tienen prohibido según la norma de estabilidad de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución que se modificó en 2011. El Gobierno busca calmar a los regidores, que están en pie de guerra y amenazaban incluso con movilizaciones, incluidos algunos socialistas, porque reclaman poder gastar la totalidad del dinero que tienen ahorrado.

Cristina Herrero ha enmarcado el problema de la situación del superávit de los ayuntamientos como una de “las inconsistencias del marco fiscal antes de la crisis”, cuando la Administración Central ya descontaba de su presupuesto el superávit de las entidades locales antes de que se conociera“. La presidenta de la AIReF ha señalado que los municipios tienen una ”estabilidad y capacidad recaudatoria“ por la naturaleza de los impuestos municipales”, que no dependen del ciclo económico. También ha reconocido que el cumplimiento de la regla de gasto sobre los ayuntamientos “ha sido más restrictiva” porque otras Administraciones estaban lejos del equilibrio presupuestario, incluso cuando el gasto de las entidades locales ha sido por debajo de los límites de la regla de gasto.

Ante esta situación, Herrero ha planteado una redefinición del marco fiscal porque la situación actual “es consecuencia de un desajuste o una mala implementación de ese marco fiscal en años anteriores. Es difícil arreglar el pasado”.

“Recuperación incompleta y moderada”

Respecto a las previsiones económicas, en 2021, la AIReF espera una “recuperación incompleta y moderada” por la persistencia de las medidas de distanciamiento social, la elevada participación en la estructura productiva de las actividades con mayor interacción social, la temporalidad del empleo y una demografía empresarial con una mayor participación de pequeñas y medianas empresas más vulnerables a las dificultades de financiación, ha añadido la presidenta del organismo

La institución ha hecho una revisión de los pronósticos de la economía española. Mantiene el esquema de dos escenarios alternativos y estima una caída de la actividad económica, por su parte, se situará entre -10,1% y -12,4%, en función de la duración de la pandemia y la capacidad de recuperación de la economía española, frente al -8,9 y -11,7% estimado previamente. Respecto al déficit de las Administraciones Públicas para 2020, la AIReF pronostica que subirá al 11,9%, que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso, frente al rango del 10,9% y 13,8% planteado en mayo.

Esta mayor contracción viene marcada por la evolución adversa de algunas actividades de elevada importancia en la estructura productiva de España, que continúan afectadas de manera muy negativa por las necesarias medidas de distanciamiento social y la contracción de los flujos de turismo internacional, según ha comentado Herrero.

Esther Gordo Mora, directora de la División de Análisis Económico, ha señalado que “no hay duda de que la economía se reactiva a un ritmo rápido” pero ha puntualizado “que se parte de niveles muy bajos” y ha recordado que son “niveles de actividad inferiores a los normales en la economía española en este momento del año. En todos los casos, salvo en la construcción que tiene un mejor comportamiento, los sectores están todavía muy cerca a los niveles históricos más bajos” con datos de mediados de junio. Gordo ha remarcado que las medias aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para rebajar el impacto de la pandemia de la COVID-19 han supuesto “3 puntos porcentuales del PIB en un escenario promedio”.

Los ingresos de las AAPP se situarán en el 40,3% del PIB en 2020 si se materializa cualquiera de los dos escenarios. Esto supone una revisión al alza que se debe a que las exoneraciones de cotizaciones sociales por los ERTE y para autónomos no se consideran menores ingresos en Contabilidad Nacional, sino mayores gastos en subvenciones.

Los gastos de las AAPP alcanzarán ente el 52,2% del PIB y el 54,8%. Además del efecto de la contabilización de las exoneraciones de las cotizaciones sociales como gasto en subvenciones, las nuevas medidas han elevado la previsión del gasto, junto con un incremento en la estimación de la COVID-19 en el gasto sanitario de las CCAA.

La distribución del impacto de la crisis por subsectores se ha modificado sustancialmente desde el anterior informe, asumiendo la Administración Central parte del deterioro de otros subsectores mediante transferencias. Por un lado, el Gobierno ha aprobado transferencias adicionales a los Fondos de la Seguridad Social (FSS) por importe de 15.700 millones y el Fondo no Reembolsable para CCAA por importe de 16.000 millones.  

La AIReF concluye ofreciendo una serie de recomendaciones al Gobierno para “que clarifique, cuanto antes, el marco fiscal aplicable a todas y cada una de las Administraciones Públicas y en particular de cara a la elaboración del Plan Presupuestario y los presupuestos de cada administración, lo que supone activar la cláusula de excepcionalidad prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aclarar las consecuencias del incumplimiento de las reglas fiscales y fijar nuevos objetivos de estabilidad y deuda”. Además, recomienda establecer “una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas” y explorar “la implementación de las propuestas efectuadas por la AIReF en los estudios de revisión del gasto o Spending Review”.