El Gobierno y los sindicatos sellan el acuerdo de “transición justa” del carbón con prejubilaciones a los 48 años
Pese a las tiranteces iniciales, el Gobierno y los sindicatos han sellado este miércoles el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el período 2019-2027. A partir del 31 de diciembre de este 2018 solo podrán seguir abiertas las explotaciones mineras que no requieran de ayudas públicas para funcionar y puedan devolver las ya recibidas desde 2011, de acuerdo con la normativa europea, lo que conducirá a las mayoría al cierre.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha agradecido a todos los firmantes y miembros de la comisión negociadora su implicación hasta llegar a este pacto, y ha valorado el momento como el “más emocionante de mis cuatro meses en el Gobierno”. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, también presente en la firma con los agentes sociales, ha subrayado que este acuerdo es una muestra “de que el diálogo social funciona”.
El documento suscrito entre las partes recoge tres líneas de actuación –plan de restauración de las explotaciones, medidas excepcionales para empresas y medidas de reactivación de cuentas mineras– que marcarán el futuro del sector en los próximos nueve años. En la actualidad hay 2.168 trabajadores afiliados el Régimen especial del Carbón, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social.
El documento incluye prejubilaciones para trabajadores que tengan al menos 48 años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda, o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También podrán acceder a la prejubilación los empleados que acumulen a partir de 20 años trabajados en empresas las mineras seleccionadas, con diferentes reducciones según sus años de actividad.
Estas ayudas garantizarán el reconocimiento “del 72% de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la incorporación a la prejubilación con el prorrateo de las pagas extraordinarias”, según el documento.
Desde los sindicatos, los representantes de UGT, CCOO y USO han recordado que este pacto no supone un final, sino el comienzo de la labor de seguimiento para asegurar que los compromisos se cumplen. La patronal del sector, Carbunión, ha advertido de que forma parte del pacto porque cree en el sector del carbón, pero que este “no recoge nuestros planteamientos de futuro”.
Bajas indemnizadas y otras ayudas
El plan incluye también “bajas indemnizadas” para el resto de trabajadores con la condición de plantilla propia anterior a 31 de diciembre de 2017 y con la cuantía actual, que varíarán en función de su antigüedad.
Para aquellos trabajadores y que no puedan acogerse a las anteriores medidas, el acuerdo reconoce el derecho, por una sola vez, a la prestación por desempleo de nivel contributivo por el periodo máximo legal, sin exigir el mínimo de cotización.
Los empleados no prejubilados tendrán acceso también a una bolsa de trabajo para formación y recolocación, gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minsería del Carbómn y de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC). A efectos de la recolocación de los trabajadores se considerarán “excedentes” a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las empresas mineras. Para esos trabajadores excedentes, se articulará con las CCAA su “participación prioritaria en las actividades de restauración”.
El acuerdo también contempla una partida de 250 millones de euros, repartidos entre 2019 y 2023, para financiar proyectos empresariales y el desarrollo alternativo de las zonas mineras afectadas.
Favorecer el “carbón competitivo”
El acuerdo marco establece que más allá de 2018 “se promoverá el uso del carbón autóctono competitivo”, como un modo de favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería y establece distintas vigencias temporales en función de la línea de ayudas.
Las partes han acordado también “ayudas de carácter ambiental” destinadas a financiar la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera.
El plan maneja varios periodos de vigencia: para la restauración de explotaciones en comarcas mineras, 2018 y 2023; en el caso de las medidas excepcionales para las empresas, de 2019 y 2025; y por último las medidas en materia de reactivación de las comarcas mineras se extenderán entre 2019 y 2027.
El ámbito territorial afectado por el acuerdo marco lo constituyen “las áreas geográficas en las que actualmente se produce la extracción de carbones”, pertenecientes a las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León y Puertollano.
La empresa pública Hulleras del Norte (Hunosa), “por sus especiales características y su particular en el conjunto del sector y en la cuenca central asturiana”, estará sujeta a su propio plan de empresa, con características propias en materia de plan social y compromisos específicos.
