La presidenta de la CNMC insta al Congreso a que le pida opinión sobre el decreto de los fondos europeos

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha instado este miércoles en el Congreso a que los diputados pidan al organismo su opinión sobre el Real Decreto de los fondos europeos, aprovechando la “oportunidad” de que se está tramitando como proyecto de ley.

Fernández ha confirmado que no se les pidió informe sobre ese decreto, pero todavía “estamos a tiempo”. “Sería un hito” que los diputados “hicieran uso por primera vez en la historia” del artículo 5.2 de la Ley de Creación de la CNMC, que permite a las Cámaras pedirle informes sobre normas en tramitación.

En diciembre, el Consejo de Estado emitió un dictamen “favorable” a la norma pero expresó su “preocupación” ante “la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones” que incluye la norma para agilizar el reparto de las ayudas europeas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, Fernández no ha querido entrar a opinar sobre el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha recordado que la autoridad que “tiene la competencia” para en su caso “revocar” estas ayudas es la Comisión Europea.

Sí ha señalado, respecto a los fondos europeos, que en el organismo están “extremadamente preocupados” por los efectos que pueden tener en términos de una posible “distorsión” de la competencia.

Fernández ha señalado que la situación actual económica “compleja y sin precedentes” ofrece “oportunidades” y ha defendido que “bien engrasada”, la CNMC puede ser “decisiva” para la recuperación.

Y ha vuelto a reclamar autonomía funcional para el organismo en el ámbito presupuestario, laboral y organizativo. La autoridad, ha dicho, no tiene recursos para desplegar el “ambicioso” plan estratégico que acaba de presentar, que prevé recurrir a fondos europeos para algunas de sus iniciativas.

La presidenta de la CNMC ha insistido en que va “a vigilar en especial los sectores donde la competencia pueda verse debilitada por circunstancias coyunturales o estructurales como ha sucedido durante la presente crisis sanitaria”. En especial, en sectores “como el farmacéutico, asegurador, financiero o el funerario donde estamos observando distorsiones de la competencia”.

Ha explicado que en 2020, a pesar del contexto de la pandemia, el organismo incoó 12 expedientes sancionadores por conductas restrictivas de la competencia, el mayor número desde 2014, y le fueron notificadas 70 operaciones de concentración. Le entidad impugnó dos normas que restringía la competencia en el sector de las VTC.

Fernández ha puesto en valor la labor del organismo, cuyas circulares de electricidad y gas van a propiciar una reducción de peajes y cánones que se va a traducir en un ahorro que ha cifrado entre 500 y 700 millones de euros anuales en el periodo regulatorio 2021-2026. A esa cifra se van a sumar más 550 milllones de euros de ahorro estimado en eficiencia energética con el nuevo sistema de tarifas eléctricas previsto para junio.

La presidenta de la CNMC ha apostado por “estrechar lazos con los jueces” y desarrollar con ellos “proyectos específicos de colaboración de mutuo enriquecimiento”. Ha asegurado que el organismo comparte con los magistrados “una conexión en la defensa de la competencia”. “Existe margen para el desarrollo de proyectos específicos de colaboración de mutuo enriquecimiento”, ha dicho, después de que un reciente informe del Tribunal de Cuentas cifrara en más de 1.287 millones el importe en sanciones recurridas judicialmente pendiente de resolución. El último expediente anulado por la Audiencia Nacional es la multa de 29 millones que impuso a un cártel de cementeras en 2016.