¿Segunda oportunidad para el IPREM?: los subsidios de paro se descuelgan de la inflación y pierden poder de compra

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado abre una vía para modificar las cuentas públicas presentadas por el Gobierno de coalición, por lo que muchos colectivos presentan sus listas de peticiones y recomendaciones. Los sindicatos destacan la necesidad de que los grupos políticos incluyan enmiendas para elevar más el IPREM, un indicador clave para el acceso y la cuantía de muchas ayudas y subsidios, como los de paro. El Ejecutivo ha previsto un alza del 3,6%, bastante por debajo de la inflación, por lo que CCOO y UGT exigen que se acuerde un mayor incremento durante el debate en el Congreso.

Los Presupuestos de 2023 están marcados por la inflación disparada que hace mella en muchos hogares y el aviso de “curvas” en la economía. El Gobierno de coalición ha defendido la protección de rentas de las personas “más vulnerables”, con medidas como la revalorización de todas las pensiones, también las no contributivas, con la inflación media del año para que no pierdan poder adquisitivo. Este indicador se estima en el 8,5%, pero la cifra se conocerá oficialmente en diciembre, cuando se publique el dato del IPC de noviembre.

El ingreso mínimo vital (IMV), la renta mínima estatal para hogares con muy bajos recursos, también se incrementará con los precios. En principio, ese 8,5%, para que las familias mantengan su poder de compra. Se revalorizan los IMV ya reconocidos, pero también se elevan en esa proporción los umbrales de acceso a la ayuda, lo que supone un importante salto.

Trabajo ha destacado también que se elimina el recorte en la prestación por desempleo acordado por el Gobierno de Mariano Rajoy a los seis meses de cobro. Así, tras 180 días su cuantía pasará del 70% de la base reguladora (similar al salario) a un 60%, en lugar del 50% que fijó el PP.

Propuestas de subidas con la inflación o más

Los sindicatos lamentan que esta política de “garantía de rentas” no haya alcanzado al IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), que afecta a mucha población de escasos recursos y vulnerable ante la crisis de precios. En los Presupuestos se prevé que alcance los 600 euros mensuales en 2023 desde los 579,02 euros actuales, un 3,6% más.

La subida será además inferior al aumento del salario mínimo (SMI) para el próximo año, que, aunque aún se desconoce, todo indica que se situará por encima de esta cifra. Así, la brecha entre el SMI y el IPREM volvería a ensancharse aún más.

CCOO propone un aumento hasta los 665,29 euros al mes en 2023, casi un 15% más, que “garantiza el mantenimiento del poder de compra con el que fue inicialmente puesto en marcha”, según la propuesta de enmienda que ha elaborado el sindicato.

En UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, explicó hace unos días que el sindicato reclama un aumento que “en ningún caso puede ser inferior al coste de la vida”, la inflación. “Seguramente, le tendríamos que añadir una parte progresiva para recuperar el poder adquisitivo perdido”, añadió Álvarez, que cifró en más de un 14% desde su creación en 2004.

El Ministerio de Trabajo subrayó en su exposición de los Presupuestos en el Congreso la subida del IPREM de más del 11% en lo que va de legislatura. Tras pasar una década prácticamente congelado, el Ejecutivo de coalición acordó un alza histórica del 5% en 2021, del 2,5% el año pasado y el mencionado incremento del 3,6% para este ejercicio.

Afecta a subsidios de paro y a otras ayudas

El IPREM es muy relevante por dos motivos. Por un lado, porque determina la cuantía de subsidios como el de desempleo y el de personas paradas mayores de 52 años. Estos suponen el 80% del IPREM, por lo que subirían de los 463 euros actuales a los 480 euros al mes en 2023. Es decir, su incremento tiene una repercusión directa en la renta de alrededor de “un millón de personas”, como cifró el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

El IPREM también establece la cuantía mínima y la máxima de la prestación contributiva de paro, que tiene en cuenta también la situación del hogar, si hay hijos o no a cargo. CCOO considera que se genera una “cierta quiebra en el modelo de protección social” al garantizar el poder adquisitivo a personas con ayudas asistenciales como las pensiones no contributivas y “hacer de peor condición la que perciben las personas que han cotizado previamente”.

Por otro lado, este indicador marca el acceso a muchas ayudas sociales. Por ejemplo, el alquiler de viviendas públicas, ayudas de libros, la justicia gratuita o rentas mínimas autonómicas como la andaluza.

Que el IPREM no se incremente, como pasó durante la década pasada, o que lo haga menos que el salario mínimo y otras prestaciones implica que el umbral de acceso a esas ayudas se vuelve más exigente. Es decir, que se convierten en inaccesibles para gente de rentas reducidas, pero no tan bajas como el IPREM.

Es lo que ha advertido la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) en un reciente comunicado que considera insuficiente el alza del IPREM. La organización sostiene que la distancia creciente entre el salario mínimo y el IPREM ha supuesto una “verdadera barrera de acceso a un derecho que antes sí se disfrutaba”.

Ante esta brecha, que se agranda cada año y si se mantienen los Presupuestos también sucederá en 2023, ALTODO reclama que el derecho a la justicia gratuita recupere el SMI como referencia para el umbral de acceso.