La juez archiva la causa contra el presidente de los parques tecnológicos por el 'caso Epsilon'
El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha archivado los cargos contra el presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, José Miguel Corres, por el conocido como 'caso Epsilon', el fallido proyecto automovilístico vasco que aspiraba a competir en la Fórmula 1. La iniciativa terminó quebrando a pesar de recirbir en torno a 48 millones de euros de ayudas públicas, la mayoría del Gobierno central. Entre otros, Corres estaba acusado de los delitos de falso testimonio y encubrimiento.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, dedujo testimonio para que el juzgado investigara la posible voluntad del responsable del Parque Tecnológico de Alava, José Miguel Corres, de mentir “con plena conciencia” e “impedir o, cuando menos, retrasar la investigación” de la Fiscalía sobre el caso. Durante la investigación, Corres, responsable también del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava (PTA), fue requerido por la Fiscalía para que remitiera toda la información -informes legales, correos electrónicos, etc- que pudiera haber entre el PTA y el bufete de abogados que asesoraba al parque (Uría-Menéndez) en relación, entre otros asuntos, a la operación de la cesión de rango del crédito hipotecario por valor de 16 millones de euros a Kutxa y Caja Vital sin contraprestación alguna que limitara el quebranto económico y el “perjuicio patrimonial” para el parque si, como ocurrió, la operación fallaba.
La juez Beatriz Eva Roman, en un auto notificado el 5 de octubre pasado al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que “el señor Corres cumplió escrupulosamente con lo solicitado desde la Fiscalía. La magistrada señala en el auto de archivo que ”no es cierto que el señor Corres haya faltado a la verdad en la narración de los hechos, ni haya ocultado documentación“. E incluso asegura que el error pudo estar en la propia Fiscalía: ”Si el solicitante erró o confundió las fechas o las sociedades públicas intervinientes (PTA y SPRI) solo a él es imputable“, señala la instructora, en referencia al fiscal Izaguirre.
“La Fiscalía en su denuncia no ha aportado un solo elemento que permita aseverar siquiera indiciariamente que el señor Corres tuviera conocimiento de la actividad criminal que imputaba a los investigados, es más vista la cronología de los hechos es más que dudoso que el imputado que tomó posesión de su cargo de presidente del Parque Tecnológico de Álava (PTA) en febrero de 2013 tuviera un conocimiento de los hechos delictivos presuntamente acaecidos en enero de 2009.
La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha hecho el anuncio del sobreseimiento de la causa abierta contra Corres por la Fiscalía de Álava durante su comparecencia en la comisión de Desarrollo Económico y Competitividad celebrada este martes el Parlamento vasco a petición de EH Bildu.
Deducir testimonio
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, dedujo testimonio en junio para que el juzgado investigara la posible voluntad de Corres de “mentir con plena conciencia” e “impedir” o cuando menos retrasar la investigación de la Fiscalía. Tapia ha asegurado que el auto demuestra que Corres “cumplió escrupulosamente con todo lo que se le pidió” y que el escrito de la jueza confirma que “no es cierto que se haya faltado a la verdad u ocultado información”.
En la causa abierta a raíz de esta quiebra, la Fiscalía alavesa pide ocho años de cárcel para el catalán Joan Villadelprat, administrador único de Epsilon, y para el británico Mark Payne, su director financiero, por un delito societario y otro de insolvencia punible. Villadelprat, impulsor del proyecto, ya fue condenado a finales de 2013 por un juzgado de la capital alavesa. El fallo consideraba al administrador único de Epsilon Euskadi “culpable de haber agravado la situación de insolvencia al asumir nuevas deudas” sin expectativa alguna de poder atenderlas, y le responsabilizaba además de llevar a la quiebra la sociedad con la “salida fraudulenta de bienes y derechos”.
