Euskadi limita la pobreza energética a mejorar la eficiencia de los edificios

Participantes en una protesta contra la pobreza energética.

Alrededor de 90.000 vascos sufren los que se conoce como pobreza energética. Eso significa que no pueden encender la calefacción de su vivienda. El duro invierno ha pasado, pero las instituciones vascas no han sido capaces de dar una solución consistente a este problema, que va a más. El Gobierno vasco limita su actuación en este terreno a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Es decir, a mejorar los cerramientos o acristalamientos inadecuados y a conseguir un buen aislamiento. Pero, ¿es suficiente esto? ¿Se va a hacer cargo el Gobierno de estos gastos cuando las personas que sufren el problema carecen de ingresos? Preguntas que siguen sin respuesta después de la comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, en el Parlamento para informar sobre lo que está haciendo su departamento.

Las protestas por la pobreza energética, con 90.000 afectados, llegan a Euskadi

Las protestas por la pobreza energética, con 90.000 afectados, llegan a Euskadi

Tapia se limitó a recordar que la pobreza energética depende fundamentalmente de tres cuestiones: los ingresos del hogar, los precios de la energía (responsabilidad que atribuyó al Gobierno central) y la calidad o eficiencia energética del edificio en el se que habita. Tapia echó balones fuera en las dos primeras áreas y centró su trabajo en este último apartado, pero sin concretar nada. "El Ente Vasco de la Energía ya trabaja en programas para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Eso facilitará una mejora en la tarifa que paga cada hogar".

En los últimos años, la pobreza energética se ha colado irremisiblemente en muchos hogares que, tiempo atrás, vivían al margen de esta problemática. Y a diferencia de lo que han sido capaces de articular otras comunidades, como la 'tregua invernal', el País Vasco sigue en la ambigüedad. La parlamentaria socialista Natalia Rojo, que es quien ha acercado este debate hasta la Cámara, admite que "las administraciones no hemos previsto la magnitud de lo que se venía encima". "La cuestión competencial ya no es excusa para seguir dilatando la solución", reprochó al Gobierno.

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Publicado el
8 de abril de 2014 - 18:40 h

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