Arranca la recogida de firmas para impulsar una ley contra la segregación educativa
“El alumnado con mayores necesidades educativas queda concentrado en determinados centros público, lo que supone una fábrica de la reproducción de la desigualdad social más extrema”. Así lo creen los representantes de la Plataforma Ciudadana por la participación y cambio en Euskadi- Zubiak Eraikiz, que acaba de poner en marcha la recogida de firmas necesarias para que el Parlamento debata una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Para hacer frente al problema de la segregación educativa.
La ILP ya fue registrada el pasado mes de noviembre en la Cámara de Vitoria. Se trata de la primera iniciativa que se va a tramitar con arreglo a la nueva normativa vasca desde su aprobación en el año 2016. Es la primera vez en España que se van a poder recoger firmas por medio de una página web. Por eso, esta ILP puede servir de experimentación y abrir el camino para otras posteriores. La ley establece un plazo de cuatro meses para recoger las 10.000 firmas. Toda la información sobre la ILP y la posibilidad de firmar para apoyarla se encuentra en esta web. A través de ella se pueden solicitar los pliegos para firmar y también firmar directamente 'on line'.
El texto legal consta de nueve artículos y cuatro disposiciones finales. Entre las medidas que se incluyen, los portavoces de la plataforma han destacado la que hace referencia a la gratuidad de la educación para que no sea una realidad “meramente declarativa”, sino que haya mecanismos para “hacerla efectiva y hacer frente al fenómeno de las cuotas ilegales”.
Para ello, se proponen varios artículos con “mecanismos de transparencia y de control de autorización de pagos que la ley prevé” y “erradicación de los pagos que se están tolerando, a pesar de no estar amparados en la normativa actual”.
Respecto a la atención a la diversidad del alumnado, la ILP plantea fijar un índice de necesidad escolar de inclusión de cada zona y centro, con el objetivo de que todos los colegios financiados con dinero público se atengan a unas mínimas reglas. Es decir, que acojan a un mínimo de alumnado con necesidades especiales educativas o alumnado inmigrante, alumnado becado, entre otros. “La ley plantea que haya una exigencia para todos los centros que reciben fondos públicos”, han recordado los portavoces de la Plataforma.
El texto plantea que se retire la ayuda pública a los centros educativos que atiendan a poblaciones de alto nivel socioeconómico o de élite y no escolaricen el mínimo de alumnados inmigrantes. “Los centros concertados que solo atienden a determinadas clases sociales altas no deben estar financiados con fondos salidos del bolsillo de todas las personas”.
