Los socialistas vascos piden que se recurra el decreto de Sánchez contra la república digital catalana por inconstitucional

Los socialistas vascos creen que el decreto-ley de seguridad pública y administración digital aprobado por el Gobierno del PSOE el pasado 31 de diciembre puede ser mejorable. Un decreto nacido contra la república digital catalana y que, entre otras medidas, permite al Gobierno central intervenir “con carácter excepcional y transitorio” las redes y servicios de telecomunicaciones —telefonía, fibra óptica, Internet...— en caso de amenazas para el orden público. El PSE se ha sumado al PNV y a Elkarrekin Podemos para instar al Ejecutivo de Urkullu a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto.

El objetivo es propiciar una negociación para modificar esta normativa. En el pacto suscrito para la investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y PNV ya se recogía la reforma de este decreto.

El acuerdo entre PNV, E-Podemos y PSE se ha suscitado en la Diputación Permanente del Parlamento vasco (el órgano que sustituye al pleno en los periodos que, como enero, resultan inhábiles en el Legislativo autonómico). El PP ha votado en contra, mientras que EH Bildu (que fue el que planteó el debate) se ha abstenido al ser rechazada su propuesta original.

La parlamentaria del PSE, Alexia Castello, ha puntualizado que el respaldo de su grupo no debe interpretarse como un “rechazo” de los socialistas vascos a esta norma, sobre la que ha asegurado que es “necesaria”. Según ella, la interposición de un recurso ante el TC es tan solo una fórmula para que, al amparo de la propia normativa que regula este tribunal, se pueda abrir una negociación para resolver las “dudas” que puedan existir sobre la posibilidad de que el decreto digital dé lugar a “actuaciones arbitrarias” de la Administración.

La propuesta aprobada por la Cámara vasca indica que los cambios en el decreto deben garantizar que ninguna actuación que pueda llevarse a cabo al amparo de esta norma “afecte a los derechos fundamentales” a la información y a la libertad de expresión, así como que toda actuación que se lleve a cabo esté bajo control judicial.

Además, se reclama que no se puedan intervenir redes y servicios de comunicación electrónicos si dicha intervención supone una “restricción” de los derechos y libertades públicas.