El Gobierno vasco cree que el incumplimiento del Estatuto de 1979 debería “avergonzar” a quienes se oponen a completarlo

La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha denunciado que el “incumplimiento” del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 “debería avergonzar” a quienes se oponen al desarrollo íntegro de esta norma. Además, ha criticado el proceso de “recentralización” existente en España, y ha avisado de que el rechazo a completar el traspaso a Euskadi de las competencias que le atribuye su estatuto “fracciona uno de los aspectos nucleares” del Estado.

Garamendi ha presentado este martes, en una comparecencia en el Parlamento Vasco, los objetivos de su Departamento para la legislatura, entre los que ha citado la modernización de la Administración, el refuerzo de la transparencia y la renovación de la plantilla de empleados públicos. Al margen de estas cuestiones, y en lo que se refiere al ámbito institucional y político, ha dedicado una parte importante de su intervención al sistema de autogobierno de Euskadi, informa Europa Press.

En este sentido, y frente al proceso de “recentralización” competencial que se está produciendo en el Estado, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la vía del diálogo, la negociación y la concertación, aunque ha advertido: “Llegado el caso, no dudaremos en defender nuestra posición ante las instancias que correspondan en cada situación”. Garamendi ha recordado que algunas de las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 están pendientes de transferir a la comunidad autónoma. “Han pasado 41 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y a fecha de hoy quedan cualificadas competencias pendientes de transferir. Es difícil de entender que cueste tanto cumplir las disposiciones competenciales del Estatuto de Gernika”, ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que “la materialización del pacto estatutario a través del proceso transferencial no es ningún ataque a España”. “Bien al contrario, la negación al País Vasco de la realización de su capacidad competencial fracciona uno de los aspectos nucleares de un Estado compuesto reconocido constitucionalmente”, ha precisado. Garamendi ha subrayado que el Estatuto de Gernika “debe cumplirse”, y ha denunciado que el “incumplimiento” de esta norma “debería avergonzar” a los que se oponen al desarrollo íntegro del texto estatutario.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno Vasco seguirá trabajando para culminar el traspaso a las instituciones vascas de todas las competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika. Además, se ha comprometido a trabajar en defensa del autogobierno alcanzado mediante “la reacción, política y jurídica” ante el “evidente proceso de recentralización” existente en el Estado y frente a quienes “ponen en tela de juicio” la constitucionalidad del autogobierno de Euskadi por “presunta invasión de competencias estatales”.

Garamendi, que ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo central en torno a un nuevo calendario para el traspaso de competencias pendientes, ha recordado que ya se han reanudado los contactos para avanzar en dicho cronograma para abordar, en primer lugar, la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. En todo caso, ha indicado que todas las transferencias tienen “la misma trascendencia a nivel cualitativo”. De esa forma, ha afirmado que destacado la importancia del traspaso de competencias estatutarias, como las referidas a puertos de interés general, ferrocarriles, aeropuertos, prestaciones por desempleo, el Fondo de Garantía salarial, el sistema penitenciario, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la inmigración y los Paradores de Turismo.

La consejera ha denunciado el “innegable proceso de recentralización” que existe en el Estado, y ha censurado que el autogobierno reconocido “se ve mediatizado” por una normativa estatal “que menoscaba, a través de una serie de técnicas jurídicas diversas, el pleno ejercicio de las competencias vascas”. “Estamos viviendo una inflexión centralizadora, tanto a nivel institucional como judicial, que requiere una importante labor preventiva de negociación y de consenso, cuando no de defensa judicial”, ha manifestado.

Ante esta situación, ha explicado que el Ejecutivo autonómico “está en disposición” de elaborar una serie de informes para acreditar la “significativa erosión competencial” que sufre el autogobierno vasco. Garamendi ha explicado que el Gobierno vasco pretende “culminar” el marco competencial vasco tal y como está previsto en el Estatuto, así como reaccionar ante “el evidente proceso de recentralización que lamina el pleno ejercicio de las competencias vascas”, una labor en la que ha anunciado que pondrá todo su “empeño” en los próximos cuatro años.

10.000 plazas de OPE

Por otra parte, ha manifestado que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de “ahondar en la modernización” de la Administración, lo que requiere de un impulso de a digitalización de las relaciones entre las personas y las administraciones. Asimismo, ha informado de que se llevarán a cabo convocatorias de ayudas para extender redes de banda ancha a núcleos de población rurales que actualmente carecen de esta infraestructura.

En el ámbito de la función pública, se impulsará el 'Plan de Empleo de la Administración General 2021-2024', así como el 'Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Ordenación de los Cuerpos y Escalas de la Administración General', que servirá para actualizar la ordenación y estructuración de los trabajadores públicos. Garamendi se ha comprometido con impulsar un diálogo social con los sindicatos de la Administración General para dar cauce a los problemas pendientes de resolver en este ámbito, con el objetivo de lograr acuerdos para mejorar las condiciones de las y los trabajadores públicos. Además, frente al envejecimiento de las plantillas del sector público, se materializará, en un plazo de cuatro años, una Oferta de Empleo Público de más de 10.000 plazas. Al menos un 45% de las plazas serán cubiertas por personas menores de 35 años.