La hostelería anuncia más peticiones de indemnizaciones al Gobierno vasco tras una resolución del Supremo
La hostelería podrá pedir al Gobierno vasco indemnizaciones por el cierre en el invierno de 2020 de los establecimientos hosteleros en los municipios que durante la pandemia se encontraban en zona roja, es decir, en aquellos que superaban los 500 contagiados por cada 100.000 habitantes, según han informado las asociaciones de hostelería de Euskadi. No obstante, el Ejecutivo ya viene recibiendo un goteo de recursos de este sector.
Esta medida, establecida por el Ejecutivo para frenar la propagación de la COVID-19, fue recurrida a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a los hosteleros. El Gobierno de Iñigo Urkullu interpuso recurso de casación que el Tribunal Supremo ha inadmitido a través de una providencia dictada el pasado 15 de diciembre, informa Europa Press.
Tras el rechazo a la impugnación del Supremo, al entender que “carece de interés casacional objetivo” e imponer al Ejecutivo el pago de las costas del procedimiento, que se fijan en un máximo de 2.000 euros, la sentencia del Superior del 5 de mayo de 2022 que declaraba nulo el cierre de la hostelería en municipios con alto número de contagios será firme al no haber ya posibilidad de recurso alguno. Será después de que esta se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), cuando, según los hosteleros, aquellos que resultaron perjudicados económicamente por el cierre de sus locales como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico, podrán realizar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración vasca.
Las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa y SEA han destacado, en un comunicado, que las decisiones de los tribunales demuestran “la injusticia cometida contra la hostelería vasca al reconocer, de manera clara, la ausencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas contra el sector a lo largo de la citada crisis sanitaria”. Además, han subrayado que se trata “del quinto revés judicial” al Ejecutivo vasco “en su particular conflicto con el sector hostelero de Euskadi”. También animan a aquellos establecimientos que, en su día, fueron sancionados por incumplir la medida establecida y ahora anulada, a que exijan su nulidad y la devolución de las cantidades pagadas.
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