La oposición refuerza la obligación del Gobierno vasco de destinar el 0,7% del presupuesto a Cooperación

El Parlamento Vasco tiene ya un documento muy avanzado para aprobar en febrero, antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas, una nueva ley de Cooperación y Solidaridad. Se unirá a las de Cambio Climático, Infancia y Transexualidad, también listas para salir adelante. El Gobierno de Iñigo Urkullu, aunque PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta, ha cerrado ya acuerdos con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU y se avanzan también las conversaciones con el PP para que pueda sumarse a un consenso casi unánime. Los tres pilares fundamentales de la nueva norma son una garantía real de la promesa realizada en 2007 de destinar el 0,7% del presupuesto a Cooperación -lo que implicaría duplicar la inversión actual, de unos 50 millones-, una enmienda para “no colaborar” con empresas armamentísticas o de tecnología de guerra y una referencia en la exposición de motivos a la solidaridad con la causa saharaui.

El artículo 16 de la futura ley regulará las políticas de financiación. Se ha retocado la redacción original para añadir que “el presupuesto general de la comunidad autónoma de Euskadi [...] destinará anualmente, al menos, el 0,7% de su gasto total” a esta materia, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Y que, si hay incrementos en el techo de gasto, esta partida crezca en la misma proporción. Para el resto de instituciones vascas se mantiene como hasta ahora, como referencia. Eso sí, se hace una mención expresa a que Vitoria es de los pocos municipios de España que siempre ha cumplido a rajatabla esa previsión con alcaldes de PP, PNV y PSE-EE.

El artículo 10 obligará al “sector público” de la comunidad autónoma, es decir, al Gobierno y a otros organismos, a “no colaborar” con “personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar”. En Euskadi hay casos señores como SAPA o Sener. La duda es si se podría seguir “colaborando” con sus ramas civiles. Y en el artículo 7 se pide un “enfoque feminista” para la política de Cooperación. La ley se prologa con una exposición de motivos que destaca la “larga y reconocida” trayectoria vasca en este campo. También se dice que “cabe destacar” el “liderazgo” de instituciones locales vascas en causas como la saharaui, cuyos objetivos “se identificaban” con los de la sociedad vasca.

¿Qué opina la oposición? “EH Bildu votará a favor una vez que PNV y PSE-EE han aceptado sus principales aportaciones al proyecto original del Gobierno de Lakua”, explicó en un comunicado la formación. “El 0,7% es algo más que un porcentaje. Supone toda una declaración de intenciones a la que no puede renunciar una ley de Cooperación que se erige transformadora, puntera y referente. Hasta ahora el Gobierno no ha cumplido ese compromiso de Naciones Unidas y es importante que esta nueva ley lo recoja y lo concrete. [...] El acuerdo supone además una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre las políticas de Cooperación y una apuesta por la educación para la transformación social”, sostiene la representante abertzale en la ponencia legislativa, Diana Urrea.

En una rueda de prensa, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Íñigo Martínez Zatón ha destacado también los cambios introducidos vía enmiendas que permiten salvaguardar las bases de la normativa de 2007, una etapa en la que su partido, IU, estaba en el Gobierno con PNV y EA. Sobre la financiación, Martínez Zatón ha reconocido que hasta ahora “esto no se ha cumplido” y ha confiado en que la nueva redacción de la ley permita “vincular obligatoriamente” al Gobierno vasco con el 0,7%. “Ahora estamos alrededor del 0,4%”, ha criticado. Ha destacado también la aportación del tercer sector a la Cooperación. Fuentes del PP indican que ven con buenos ojos el resultado de la tramitación parlamentaria, aunque aún no han cerrado un acuerdo con el Gobierno.