Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en Euskadi exigen a las empresas protocolos contra las agresiones

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Euskadi han exigido este miércoles que “todas las empresas implanten protocolos eficaces para prevenir y actuar ante las agresiones en el entorno laboral”, y que se asuman “responsabilidades políticas, legales y laborales por parte de quienes contratan y gestionan estos servicios”.

Según han denunciado desde ESK, son muchas las trabajadoras que “están siendo víctimas de agresiones físicas, verbales, psicológicas o sexuales mientras realizan su labor”, y aunque en muchas ocasiones “estas agresiones eran previsibles y evitables”, ni las empresas ni las administraciones públicas “están actuando como deberían”. “Esto es lo más grave”, han señalado.

Sólo en el último mes se han producido en Euskadi “dos casos graves: una educadora del IFAS fue apuñalada en su puesto de trabajo, en el centro de Txurdinaga, y una trabajadora del servicio de Teleasistencia del Gobierno vasco fue brutalmente agredida por un usuario. Ataques son solo la punta del iceberg de una situación que se repite una y otra vez”, segun han denuncinado y critican, y, ademas que, en situaciones de riesgo “no se activa ningún protocolo”. El caso más extremo ha ocurrido en Galicia, en O Porriño, donde Teresa de Jesús, la trabajadora del servicio de ayuda al hogar asesinada a finales de julio, había avisado a su empresa, Aralia Servicios Sociosanitarios S.A., de que sufría acoso laboral en el domicilio en que la mataron.

“Todos los casos tienen en común que las agresiones se producen después de que las trabajadoras han avisado de forma previa que se está produciendo”, señala Saray Arce, del sindcato ESK. “Se detecta el riesgo, las trabajadoras los denuncian, pero no se toma en cuenta la denuncia de las trabajadoras, ni por la empresa ni tampoco las instituciones”.

En este sentido, insiste en que detrás de las agresiones “hay una cadena de responsabilidades. Las empresas tienen la obligación legal y moral de proteger a sus trabajadoras, de evaluar los riesgos a los que están expuestas y de aplicar medidas preventivas eficaces. Muchas veces, estas agresiones podrían haberse evitado con una simple evaluación de riesgos, una reorganización del trabajo o una respuesta inmediata ante las alertas de las trabajadoras”, recuerda. Por otro lado, miran a las administraciones públicas que “contratan servicios esenciales a través de empresas privadas y subcontratas”. “No pueden mirar hacia otro lado”, denuncian. “No basta con adjudicar servicios y desentenderse de lo que ocurre. Las instituciones son responsables de que esos servicios se presten en condiciones seguras y dignas, tanto para la ciudadanía como para quienes los realizan. No puede haber servicios públicos de calidad si se permite que las trabajadoras sufran violencia o amenazas en su día a día”.

En este sentido, señalan que “la violencia machista no solo se da en el ámbito doméstico o en la calle. También ocurre en el trabajo. Y cuando no se actúa ante ella, se está permitiendo que continúe. Quien calla, otorga. Y quien no actúa, es cómplice”.

“Estamos dolidas y solas”, señala Miren Bittori Dieguez, una de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio que asegura que sufren muchos tipos de maltrato, también violencia machista sin que las empresas les hagan caso a sus exigencias de más prevención.