El rechazo vecinal a un piso tutelado en Cáceres reabre el debate sobre la estigmatización de la infancia vulnerable

El número 4 de la calle Gil Cordero, en pleno centro de Cáceres, se ha convertido en los últimos días en el escenario de un conflicto que va más allá de una comunidad de vecinos. La oposición frontal a la instalación de un piso tutelado para menores, gestionado por la empresa Cerujovi por encargo de la Junta de Extremadura, ha reabierto un debate de fondo sobre el rechazo social a la infancia vulnerable, el miedo alimentado por prejuicios y el uso del lenguaje cuando se habla de protección institucional.

Una sábana colgada de uno de los balcones del edificio ha sido la imagen más visible de la protesta. En ella podía leerse: 'María Guardiola, el piso tutelado te lo llevas a tu casa. No queremos ser Belén Cortés'. Justo al lado, en el mismo balcón, una imagen del Niño Jesús completaba una escena cargada de simbolismo y contradicciones.

“Nosotros no somos prejuiciosos, aquí puede vivir cualquiera, pero lo que no queremos es convivir con chicos que han cometido delitos. Igual que han cometido una cosa, pueden cometer otra. El miedo es libre”, explicaba ante los medios Elisa González, una de las vecinas que lidera la oposición al recurso. El argumento central del vecindario ha sido la inseguridad y la vinculación del piso con la empresa que gestionaba la vivienda tutelada de Badajoz donde fue asesinada la educadora Belén Cortés el pasado mes de marzo.

La comunidad sostiene que la Junta de Extremadura tiene capacidad de decisión en la ubicación de estos recursos —recuerdan que ha sido condenada a pagar 600.000 euros por responsabilidad civil en el caso de Badajoz— y que los estatutos del edificio prohíben expresamente tanto los pisos turísticos como los tutelados. “Va contra los estatutos y genera inseguridad”, defendía el presidente de la comunidad, Alfonso Sánchez-Ocaña, quien también denunciaba que la actividad se habría ocultado durante las obras de acondicionamiento del piso.

El temor se intensificó cuando los vecinos creyeron que los menores ya se habían instalado. Sin embargo, desde Cerujovi lo desmienten con rotundidad. La empresa asegura que el servicio nunca llegó a ponerse en marcha y que, ante el clima de hostilidad, han decidido no seguir adelante con este emplazamiento. “No queremos que los menores vivan en un lugar donde se les rechaza”, explican desde la entidad, que denuncia episodios de “violencia verbal”, intentos de impedir el acceso a las trabajadoras e incluso comentarios machistas dirigidos a las profesionales.

Finalmente, la Junta de Extremadura ha confirmado a una de las propietarias de la vivienda que el piso de Gil Cordero no prestará servicios para menores tutelados y que la empresa buscará una ubicación alternativa, garantizando —según el Ejecutivo regional— la continuidad de la atención. La administración recuerda que su obligación es dotar de recursos al sistema de protección y que corresponde a la empresa adjudicataria alquilar una vivienda adecuada.

Más allá del desenlace concreto, el conflicto ha provocado una reacción contundente de profesionales del ámbito social. Angélica, trabajadora social especializada en jóvenes, se muestra “inmensamente triste” ante lo ocurrido. “Qué daño hace el uso del lenguaje equivocado y los prejuicios interesados que han estigmatizado a la infancia vulnerable”, afirma. Recuerda que los menores tutelados lo son porque han sufrido abandono, maltrato, negligencias graves o pobreza extrema, y que la intervención pública busca garantizar derechos básicos: alimentación, seguridad, atención sanitaria, afecto, educación y acompañamiento emocional. “No tienen por qué ser delincuentes ni violentos”, subraya, y además insiste en la necesidad de diferenciar realidades que a menudo se mezclan de forma interesada en el discurso público. “Una cosa son los niños y niñas tutelados por motivos de vulnerabilidad social o familiar; otra, los menores migrantes no acompañados; y otra muy distinta, los adolescentes que han cometido delitos y cumplen medidas judiciales reguladas por la ley penal del menor”, explica. “Confundirlo todo solo genera miedo y rechazo”.

Desde Cerujovi destacan que el modelo de pisos tutelados busca precisamente la normalización de la vida de estos menores. En el caso de Gil Cordero, la previsión era un máximo de seis jóvenes, siempre acompañados por al menos dos adultos, dentro de un equipo formado por once profesionales —psicólogos, educadores y personal especializado—. “Cada vez es más difícil encontrar espacios donde se permita desarrollar este trabajo”, lamentan.

El propietario del piso, Enrique Arias, que mantiene una relación de asesoría profesional con la empresa desde hace 14 años, se declara “estupefacto” por la reacción vecinal y la tensión generada incluso antes de que el recurso comenzara a funcionar. Y es que en la vivienda se había realizado una reforma integral para adaptarla a las necesidades de los menores.

Para las profesionales de la intervención social, el mensaje final es claro: el problema nunca son los niños y las niñas. “Todos tienen derecho a una vida plena y feliz, y es la administración la que debe garantizarlo con criterios técnicos, no al dictado del miedo”, concluyen. Lo ocurrido en Cáceres, advierten, no es un episodio aislado, sino un síntoma de una sociedad que todavía mira con recelo a quienes más protección necesitan.

“Resulta especialmente doloroso que, ante la oleada de miedo y prejuicios, las instituciones públicas hayan guardado silencio en lugar de salir a explicar con claridad que convivir con niños y niñas en un recurso educativo, acompañado por profesionales, no entraña ningún tipo de peligrosidad, sino una oportunidad de cuidado y reparación. Lejos de alimentar el rechazo, la administración debería haber estado al lado de la entidad gestora para hacer del edificio un lugar más amable, preparado y acogedor para su llegada, y no contribuir a este clima de sospecha que deshumaniza a la infancia más vulnerable. El verdadero problema no son los menores, sino la precariedad y la descoordinación con la que, desde hace años, se externaliza y se recorta la protección que debería garantizar la propia administración, un modelo que ha dejado en la intemperie tanto a los profesionales como a los chicos y chicas, y que está en el origen de tragedias como el asesinato de la educadora social Belén Cortés, que han sacudido Extremadura y evidenciado el fracaso institucional en el cuidado de sus propios niños”, se lamentan.

Por su parte, la Junta de Extremadura aclara que el procedimiento “sigue siendo el mismo que en legislaturas anteriores”. Insiste que la empresa adjudicataria es la responsable de alquilar y poner a disposición la vivienda adecuada para el desarrollo del servicio y que la institución regional tiene la obligación de dotar los recursos necesarios para la prestación de un recurso residencial para menores, y que dada la situación actual, “la empresa ya ha manifestado que procederá a un cambio de vivienda debido a la presión vecinal para garantizar en todo momento la protección de los menores y la continuidad de la atención”.