Colectivos sociales se movilizan para frenar el desahucio de la activista extremeña Paca Blanco

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha notificado a Paca Blanco, de 77 años, una orden de desahucio solicitada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La activista lleva más de diez años viviendo en un piso público adjudicado originalmente a su hijo y, pese a sus reiterados intentos de regularizar su situación, la empresa municipal no ha aceptado su subrogación en el contrato.

Blanco, figura destacada en la defensa del medio ambiente y los derechos sociales, ha solicitado durante años que el Ayuntamiento de Madrid la reconozca como inquilina y le permita abonar el alquiler social correspondiente. En el último año ha pagado la renta, aunque la administración continúa sin reconocerla como arrendataria.

Colectivos de vivienda, organizaciones ecologistas y movimientos sociales de todo el Estado reclaman que se garantice su derecho a permanecer en la vivienda y se le aplique un alquiler social acorde a sus ingresos. Consideran que su caso refleja la situación de miles de personas mayores y trabajadoras que viven en condiciones de vulnerabilidad habitacional.

Una crisis estructural de vivienda

Desde Ecologistas en Acción señalan que el conflicto se enmarca en una crisis estructural del acceso a la vivienda en España. La organización denuncia que el mercado inmobiliario se ha convertido en un motor de desigualdad, impulsado por la especulación y el auge del turismo masivo, lo que ha relegado el valor social de la vivienda frente a su rentabilidad económica.

Según la entidad, mientras grandes inversores obtienen beneficios extraordinarios y las clases medias acumulan propiedades como inversión, amplios sectores populares son expulsados de sus barrios. La vivienda social, añaden, sigue siendo insuficiente, y la construcción de vivienda protegida ha servido en ocasiones para alimentar el mercado más que para garantizar derechos.

Una vida atravesada por la lucha y la precariedad

La trayectoria de Paca Blanco está marcada por décadas de activismo y también por episodios de violencia institucional. Durante el franquismo fue internada en el Patronato de la Mujer, donde miles de niñas y mujeres fueron recluidas sin garantías y sometidas a malos tratos. Ya en democracia, como coordinadora de Ecologistas en Acción en Extremadura, sufrió amenazas y agresiones por su oposición al proyecto de lujo Marina de Valdecañas, llegando incluso a perder la vivienda que había adquirido en El Gordo.

Su biografía, recuerdan sus compañeras, es la de una mujer que ha trabajado toda su vida, ha criado a cinco hijos y ha dedicado décadas a la defensa del territorio, la lucha antinuclear y los derechos sociales. Su compromiso le ha valido el reconocimiento de colectivos de Madrid, Extremadura y otros territorios.

Los colectivos que la apoyan consideran que el desahucio supone una nueva ofensiva institucional contra una mujer que ha dedicado su vida a la defensa del bien común. Alertan de que la orden la sitúa ante la posibilidad de quedarse en la calle o ser derivada a una residencia, pese a haber intentado regularizar su situación por vías administrativas.

Por ello, organizaciones de vivienda, movimientos ecologistas y colectivos sociales exigen que se reconozca su derecho a permanecer en la vivienda pública que habita y que se garantice un alquiler social adecuado a sus ingresos. Subrayan que la reivindicación no es solo para Paca Blanco, sino para todas las personas que luchan por una vida digna en un contexto de creciente precariedad habitacional.