Extremadura reduce su economía sumergida pero aún representa el 17,8% del PIB

El secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Víctor Píriz, ha valorado que a pesar del “mal dato” de economía sumergida en Extremadura, la evolución es positiva al converger con la media de la Unión Europea y mejorar respecto a la media nacional, ya que se sitúa en el 17,8 por ciento, a dos puntos de la media española. 

En 2022 y según los últimos datos disponibles a partir de un estudio de la Universidad de Murcia, la economía sumergida extremeña se cifraba en ese porcentaje que es una décima más que la media de la UE, ha recordado Píriz en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital del Parlamento autonómico. 

En 2016 estos valores estaban en el 21,1 en el caso de Extremadura, el 18,2 en Europa y el 17,9 en España, ha respondido en respuesta a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías sobre este asunto, quien lamenta que la economía sumergida represente 4.119 millones de euros del PIB regional. 

El alto cargo económico del gobierno Guardiola ha señalado la dificultad de cifrar el peso de la economía sumergida debido a la falta de registro y por englobar desde trabajos legales que no se declaran como el de las empleadas domésticas no registradas, hasta otras ilegales como el contrabando o el narcotráfico. 

Los datos se miran “con preocupación” por las consecuencias que generan, como puede ser competencia desleal entre empresas, una merma de derechos para los trabajadores y un incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Los motivos

Entre las las principales causas ha apuntado Píriz la presión fiscal y las cargas sociales, un exceso de normativa laboral y económica, y también el hecho de que una subida “desorbitada” de los salarios puede tener un efecto contrario haciendo que parte del personal empleado pase a la economía sumergida, como a su juicio ha ocurrido con los empleados domésticos tras las subidas del salario mínimo interprofesional. 

Y es que los afiliados al régimen de empleados de hogar de la Seguridad Social ha pasado, en el caso de Extremadura, de 5.000 en 2017 a 3.858 en 2023. 

La economía sumergida suele concentrarse más en las empresas de pequeño y mediano tamaño y en los sectores de la agricultura, la construcción y determinados servicios como la hostelería y los servicios personales. 

Para hacer frente a esta realidad ha planteado como medidas una bajada de impuestos, por la que seguirá apostando el Gobierno extremeño, y una regulación “más favorable” al dinamismo económico, para lo que se están impulsando políticas de mejora de la competitividad y productividad empresarial. 

“Será necesaria la puesta en marcha de medidas y políticas de disuasión para hacer frente a la economía sumergida, incluyendo si fuera necesario sanciones económicas”, ha añadido Píriz, para quien también hay que llevar a cabo “un importante trabajo formativo y educativo y poner a disposición de las empresas medidas para hacer desaparecer esta lacra”. 

Por su parte Joaquín Macías (Unidas) ha coincidido con Píriz en el perjuicio que se crea a las arcas públicas, a los trabajadores porque cotizan menos, y al conjunto de la sociedad “porque al recaudarse menos se invierte menos”, y ha reclamado más inspectores de hacienda y de trabajo. 

Ha abogado por un “equilibrio” en materia normativa y apuntado que de acuerdo con datos sindicales en Extremadura se realizan 138.000 horas extra cada semana, de la que el 22,6 por ciento no se pagan. 

Ello supone, ha lamentado, 1,6 millones de horas al año y un coste salarial impagado de 350.000 euros a la semana, de 18,25 millones al año.