El Congreso aprueba iniciativa pronuclear que según el PSOE extremeño esconde una amnistía fiscal a las empresas

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una propuesta del PP a favor de alargar la vida de las centrales nucleares españolas, entre ellas la cacereña de Almaraz, medida apoyada por Vox y UPN que ha triunfado gracias a la abstención de nacionalistas catalanes, y que esconde ventajas económicas para las empresas propietarias según el PSOE.

El cierre de las centrales, y la primera sería Almaraz a partir de 2027, es un acuerdo que han tomado entre la empresa nacional de residuos radiactivos, Enresa, y las empresas propietarias, reacias a asumir el coste de modernización de las instalaciones y sobre todo de la gestión de los residuos de combustible.

De hecho, según ha señalado en el debate del Congreso la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, de momento ninguna de las empresas ha solicitado formalmente la ampliación de la vida útil de sus reactores, ya amortizados económicamente.

La nueva portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, ha explicado la posición general del partido, y de los diputados de la Comunidad que han votado en contra de esa proposición del PP.

Es “lógico” decir que no pues esta iniciativa parlamentaria “escondía una amnistía fiscal” para las empresas energéticas propietarias de Almaraz.

Según los socialistas el PP quiere librar a las empresas de Almaraz del coste de la gestión de los residuos nucleares y que sean “todos los españoles y españolas quienes paguen de su bolsillo dicha gestión durante cientos de años” mientras las compañías energéticas “tienen ingresos millonarios cada ejercicio”.

“Esto es lo que escondía la propuesta no de ley que la derecha y la ultraderecha han votado a favor en el Congreso de los Diputados y que el PSOE, lógicamente, no ha apoyado”.

El discurso del PP sobre la energía nuclear “está plagado de contradicciones y demagogia”, ya que al margen de “este intento de amnistía fiscal”, critican el cierre de las centrales nucleares, pero “omiten que las propias empresas aceptaron el calendario de cierre”.

Pero alternativa económica y laboral

“Nuestra posición es clara”, añade Gil Rosiña: “la central nuclear de Almaraz debe seguir operativa hasta que haya una alternativa real que garantice el empleo, el bienestar y la riqueza de la comarca”, ha expuesto la portavoz del PSOE extremeño, quien ha defendido que “no se puede cerrar sin un plan concreto que absorba el impacto económico y laboral en la región”. 

En esta posición “estamos todos los socialistas de la región y también los diputados del Congreso”.

Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a los diputados extremeños del PSOE que no se molesten en dar explicaciones. “Queda claro qué intereses defendéis”, ha añadido a través de su cuenta en la red social X.

“Seguimos luchando con razones científicas, económicas y de sostenibilidad”, agregaba.

Plataforma

Tras esta decisión del Congreso, “el Gobierno ya no tiene excusa para no rectificar”, reclama Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, y alcalde en Belvís de Monroy.

“Evidentemente, es el Gobierno el que fija la política energética, no las empresas. Por tanto, y sobre todo ahora que ha recibido un mensaje contundente del poder legislativo, el Ministerio de Transición Ecológica debe abrir el diálogo con las empresas para acordar la continuidad de Almaraz”.