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Ecologistas denuncian la pérdida de vigencia de la DIA de la Mina de Aguablanca en Monesterio

Vista aérea del complejo minero.

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La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Mina de Aguablanca ubicada en Monesterio (Badajoz) ha perdido en este año 2024 su vigencia, según han denunciado desde Ecologistas en Acción de Extremadura, que solicita que se impida cualquier actuación de explotación del yacimiento.

En un comunicado, han informado que la DIA fue publicada en 2017 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y prorrogada en 2021 hasta 2023, y que por lo tanto no se puede proceder a la reapertura de la mina de Aguablanca, tal y como anunció en diciembre la compañía minera canadiense Denarius Metals Corp. tras adquirir el 50% de la explotación.

Añaden que el 31 enero de 2023 el BOE publicó el anuncio de información pública del “Plan de Restauración de la actualización del proyecto de explotación subterránea de Aguablanca”, al que Ecologistas en Acción de Extremadura presentó alegaciones.

El objetivo es que no se autorizase el proyecto de explotación subterránea, considerando los riesgos de afecciones al Dominio Público Hidráulico, con daños a los embalses de abastecimiento aguas abajo y pérdida de biodiversidad en la fauna fluvial, además de las producidas en la localidad de El Real de la Jara: contaminación por polvo en suspensión, ruido, grietas en las viviendas y daños viarios por tráfico pesado.

La organización ecologista ha destacado que la propiedad de los derechos mineros, a través de Río Narcea Recursos, ha pasado por varias empresas desde el año 2015 que Aguablanca está inactiva: Sacyr, Valoriza Minería, Lundin Mining, Claudenia Participaciones, Geológica Monesteriense y ahora Denarius.

Sobre la actual propietaria, han señalado que se le relacionan “con graves delitos y atentados contra los derechos humanos, laborales o ambientales; como usurpación de tierras u ocultación de contaminación de aguas públicas”. Por ello, Ecologistas en Acción ha considerado que “no reflejan valores de minería responsable como para cumplir los condicionantes y prescripciones ambientales y sociales que necesitaría la nueva puesta en marcha de Aguablanca”.

La organización ha recordado que, “en cumplimiento del referido artículo 43 de la Ley 21/2013, deben iniciar nuevamente el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, informando igualmente de ello a todas las partes interesadas, con el legalmente establecido nuevo proceso de información y participación pública, en el que podamos participar con más conocimiento del proyecto minero de estas empresas y de las potenciales afecciones al medio ambiente y a la salud.

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