Los parados que cobraban solo 25 euros al mes estaban excluidos del Plan de Empleo Social
Las personas en paro que cobraban una pequeña prestación por hijo a cargo, de 25 euros al mes, figuraban entre las excluidas de la primera convocatoria del Plan de Empleo Social de Extremadura, todo lo contrario que pasaba con los perceptores de renta básica, que arranca en 420 euros al mes y que sí podían aspirar a uno de esos 4.000 empleos de seis meses.
Se han producido unas “grandes injusticias” según la directora general de Empleo, Inés Carreras, por lo que esta semana se publicará en el Diario Oficial de Extremadura una reforma en el decreto de ese plan firmado en octubre pasado por la Junta y diputaciones provinciales, con una dotación económica conjunta de 24 millones de euros.
El programa trata de volver a incluir en el mundo y circuito laboral a parados de larga duración, dándoles trabajo en ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas, y entidades sin ánimo de lucro, durante seis meses, dando derecho a su vez con ello a prestaciones y ayudas por desempleo a los que no consigan luego una prolongación de contrato en esos empleadores públicos y privados.
El Plan de Empleo según su primera normativa era compatible con la renta básica, en el sentido de que los interesados en esos contratos podrían echar la instancia, aunque luego si eran seleccionados tenían que renunciar durante ese tiempo a cobrar la renta; 458 personas se han acogido a esa posibilidad y han encontrado un trabajo.
No tenían ningún derecho a presentarse, por el contrario, las personas que cobraran prestaciones y subsidios por desempleo, así como otras ayudas sociales tales como la de orfandad o prestación por hijo a cargo, esta últimas de escasa cuantía en general, lo que ha dado lugar a varios casos injustos en que esas personas podrían haber sido seleccionadas por los ayuntamientos y sin embargo legalmente no podía serlo, ni siquiera renunciando a la pequeña prestación social puesto que es de periodicidad anual.
Mejor, criterios económicos
En la nueva redacción del Plan de Empleo se suprime esa incompatibilidad, cambiándola por una norma más “flexible y ajustada a cada realidad” como es el criterio económico, en la línea de que aunque perciban ayuda por hijo y orfandad, podrán ser contratadas personas cuya unidad familiar no supere el 75% del IPREM (es decir, 393 euros al mes), un tope que se incrementa un 8% por cada persona del hogar hasta llegar a un techo de 1,5 veces ese indicador, es decir 798 euros mensuales.
“Lo anterior”, sigue explicando la directora general de Empleo Inés Carreras, “era una situación indeseable y totalmente injusta”.
El cambio en ese aspecto se completa con otro importante, y es el de simplificar y favorecer que las pequeñas y medianas empresas hagan también contratos de ese plan, un intento que en la primera convocatoria ha fracasado “yo creo que por desconocimiento de las empresas, y porque al ver determinados requisitos han pensado que este plan no era para ellas”.
Así a partir de ahora se suprime la obligatoriedad de presentar un proyecto social, se simplifica la puntuación caso de que haya más empresas aspirantes que dinero disponible, favoreciéndose por otro lado a las pymes que se comprometan a dar continuidad a esos trabajadores.
En esta segunda línea del Plan de Empleo Social, la dirigida a pymes, economía social y entidades sin ánimo de lucro –la línea uno y principal es la de contrataciones en ayuntamientos y entidades locales menores- habrá una próxima convocatoria el 30 de junio en la que ya se aplicarán, además de las novedades burocráticas, la compatibilidad con esas pequeñas prestaciones sociales antes excluidas; también cambia el tope de 10 contratos por pyme.
La ventaja para las pequeñas empresas de este Plan Social es que los contratos están subvencionados y el compromiso de colocación es de solo seis meses frente a los dos años de las subvenciones ordinarias que hay al empleo.
Ni el 30%
Esa línea dos ha hecho hasta el momento solo 178 contratos de los 600 que se esperaban, ni siquiera el 30%, porque han fallado las pymes.
En la otra línea, de ayuntamientos, se preveían 3.200 contratos y se van a hacer 3.105 (1.279 en la provincia de Cáceres y 1.826 en Badajoz); han faltado para cumplir lo previsto los 103 contratos a los que renunció el Ayuntamiento de Cáceres.
En los municipios la primera fase de contrataciones discurre desde el 31 de diciembre pasado al 30 de junio, y el 1 de julio empieza la segunda, hasta final de año.
