Así ha blindado el Gobierno de Feijóo las subvenciones a los colegios que segregan por sexo
El Tribunal Constitucional ha certificado esta semana rechazo del recurso del PSOE contra la LOMCE, la reforma educativa apodada como Ley Wert'. Por 8 votos a 4 la mayoría conservadora del tribunal de garantías avaló el encaje en la Constitución de varios polémicos preceptos de la norma, entre ellos el blindaje de las subvenciones a centros educativos que segregan a niñas y niños para poder ser centros concertados. El dictamen del TC no impide, no obstante, que una eventual derogación de la LOMCE -trámite con escasísimos avances en el Congreso a pesar de existir una mayoría favorable a tumbarla- pueda limitar las aportaciones económicas públicas a estos colegios. En el hipotético caso de que esto sucediera estos colegios contarían, en el caso gallego, con un blindaje adicional de la mano de la Xunta.
En marzo de 2017 el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo puso en marcha su nueva orden -por el fin de la anterior- para financiar colegios concertados y, en la línea de la LOMCE, eliminó en ella la preferencia de la educación en igualdad entre mujeres y hombres como criterio para asignar fondos públicos. También en consonancia con la 'Ley Wert' esta orden amplió los conciertos de Educación primaria de cuatro la seis años. No obstante, lo hizo también en niveles educativos en los que la ampliación no era obligatoria: ESO, Educación Especial y Formación Profesional. Esto implicó que todos los conciertos concedidos puedan prolongarse hasta el 31 de agosto de 2023 o, lo que es lo mismo, hasta el tramo final de las próximas legislaturas gallega y estatal, con independencia del color político de cada gobierno.
Cuando, en agosto del pasado año, llegó el resultado del nuevo reparto los cinco colegios que en Galicia segregan a niños y niñas -cuatro de ellos, de una empresa ligada al Opus Dei- obtuvieron un total de 58 conciertos. Los colegios coruñeses Montespiño y Peñarredonda -femenino y masculino, respectivamente- lograron sus respectivas 6 unidades de Primaria y 4 de la ESO. En Vigo Las Acacias -femenino- y Montecastelo -masculino- también obtuvieron 6 conciertos en Primaria y 4 en la ESO para cada uno, y este último agregó además cuatro unidades de FP. El quinto centro, el también vigués Aloya, logró financiación pública de 12 unidades de Formación Profesional.
Este 58 conciertos son ocho más que los repartidos por el Gobierno gallego del PP en 2013, cuando formalmente la educación en igualdad todavía era un criterio de preferencia para asignar conciertos educativos. Entonces la Consellería concertó unidades en estos colegios aunque su financiación era contraria a la ley educativa vigente en ese momento, la impulsada por el Gobierno de Zapatero en 2006. Esta irregularidad de la Xunta incluso había sido constatada por el Tribunal Supremo, aunque la sentencia no tuvo consecuencias prácticas para los cinco colegios segregacionistas gallegos.
En este escenario, una eventual derogación de la LOMCE o un hipotético cambio de Gobierno en España o en Galicia no traería consigo de manera automática el fin de la financiación pública a estos colegios aunque hubiera una mayoría política partidaria de hacerlo. La situación sería parecida a la vivida por el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, que al llegar a San Caetano se encontró los conciertos educativos firmados por el Ejecutivo de Fraga dos semanas antes de tener que abandonar el poder.
Aquella decisión del Gobierno de Fraga en funciones tuvo efectos hasta el año 2009, cuando socialistas y nacionalistas promulgaron una orden nueva que limitaba los conciertos con los segregacionistas, pero que no tuvieron tiempo a aplicar a causa de su la derrota electoral. Poco después de retornar a la Xunta el PP enmendó la decisión de la izquierda y repuso el dinero público en estos colegios.
