Cuando el Parlamento gallego aprobó que los políticos se alejasen de los narcos

El secuestro judicial del libro Fariña, en el que el periodista Nacho Carretero recorre algunos de los acontecimientos más destacados de la extensión del narcotráfico por Galicia tras la 'reconversión' de los contrabandistas de tabaco al transporte y venta de estupefacientes, ha contribuido en los últimos meses a que los focos de la actualidad se hayan vuelto a posar en una de las épocas más turbias de la historia gallega reciente. El estreno de la serie televisiva basada en el libro, realizada por la Bambú Producciones para Atresmedia, y su onda expansiva que incluso ha llegado a la política, está provocando un ejercicio de memoria colectiva hacia los años en los que los nombres de políticos, contrabandistas, empresarios, narcos supuestos y declarados se mezclaban con demasiada frecuencia. Esto, precisamente, es lo que pretendía evitar un acuerdo unánime alcanzado en el Parlamento a finales de 1990, varios años antes de las célebres fotografías de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado.

Este acuerdo político había llegado cuando no había transcurrido ni medio año desde que el lanzamiento de la Operación Nécora, en la que habían sido arrestados los que algunos titulares habían calificado como “jefes del contrabando” o “grandes jefes de la droga”, había comenzado a cambiar la sensación de impunidad para aquellos a los que se atribuía haber pasado “do fume á fariña”. En la lista de detenidos de aquel primero gran golpe judicial figuraban nombres que acabarían resultando familiares para las crónicas de tribunales de los siguientes lustros, como Manuel Charlín, Laureano Oubiña. También Marcial Dorado. El 12 de noviembre de 1990 el juez Baltasar Garzón decretaba el procesamiento de 51 personas; entre ellas, Charlín u Oubiña, pero también Sito Miñanco, declarado en rebeldía al mismo nivel que Pablo Escobar. De ese procesamiento se habían librado, por falta de incidios, algunos de los inicialmente detenidos como Dorado o Vicente Otero, Terito.

Apenas dos días después de esos procesamientos, el 14 de noviembre, el Parlamento gallego tenía en su orden del día una interpelación del PSdeG al que Manuel Fraga había elegido como su primer conselleiro de Industria, Juan Fernández. La razón era reclamarle explicaciones “sobre la presencia de Laureano Oubiña en la visita institucional” que había realizado a la feria Agro-90, que se había celebrado en la ciudad portuguesa de Braga. El episodio, había dicho Carlos Príncipe en nombre de los socialistas, recordaba a la reunión que años atrás había mantenido el expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor (AP) también en Portugal con acusados de contrabando y, dado que la “noticia” no había sido que “el conselleiro se retiró” cuando “el señor Oubiña apareció en ese acto”, eran necesarias explicaciones.

Fernández había respondido a Príncipe abiertamente molesto. Lo sucedido no había sido “como lo relataron los medios”, sino que “este señor llegó comenzada la comida y se fue antes de terminarla”, sin haber estado invitado ni haber llegado a “entrar al recinto en el que estaba la mesa presidencial, donde yo tenía el honor de estar”. Además, resaltaba, “la organización del acto corría a cargo” de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y no de la Xunta. “No es preciso adoptar ninguna medida” porque “nadie asocia el nombre de Oubiña a las instituciones autonómicas”, había resuelto el conselleiro antes de advertir de la imposibilidad de “exigir mesa por mesa el certificado de penales”.

“Que ninguna autoridad vuelva a salir en una foto cerca de un narco”

Aquel tenso debate, en el que Príncipe había recibido el apoyo del resto de la oposición -conformada entonces por BNG, Esquerda Galega y Coalición Galega- había tenido su continuación el día 29 del mismo mes, en el que Príncipe defendió la moción ligada a la interpelación. Procedía aprovechar la controversia por la coincidencia de Fernández y Oubiña en el mismo lugar para “seguir en el camino de aislar social, política y económicamente a los narcotraficantes” mediante una “condena formal del narcotráfico” por parte del Parlamento. En ese contexto, había agregado, convenía que el Parlamento instara formalmente al Gobierno de Fraga a que “extreme las medidas de precaución para que ninguna autoridad vinculada con la Xunta vuelva a salir en una foto cerca de un narcotraficante o presunto narcotraficante”.

“Es bueno -había explicado el representante del PSdeG- que les digamos a los ciudadanos que estamos dispuestos a extremar las medidas que permitan evitar hechos no deseados” y que esta intención se acompañe, al tiempo, con “vigilancia para que con dinero público no se subvencione o financie ninguna actividad en la que participen empresas o personas” vinculadas a los narcos. No podía permitirse, había ejemplificado Príncipe, que se repitieran hechos como que ayudas de la Xunta para promocionar los vinos gallegos acabaran llegando a viñedos propiedad de presuntos narcos o contrabandistas.

La propuesta socialista había sido replicado desde el PP por Jesús Palmou, quien había afirmado que el partido que ya lideraba Fraga en Galicia no iba “regatear ningún esfuerzo para que el aislamiento social, económico y político de tales actividades se produzca en la sociedad gallega”, si bien “ninguna autoridad está libre de que en un momento dado pueda tener cerca una persona relacionada de alguna manera con el narcotráfico”. “Estas personas -había señalado el que después sería conselleiro y secretario general del PPdeG- no llevan ninguna marca que las distinga”, pero “es fundamental tomar las precauciones para que estas situaciones no se den”.

Tras este segundo debate, mucho más calmado que el primero, todos los grupos de la Cámara habían alcanzado un acuerdo entre el texto formulado por Príncipe y las enmiendas de otros partidos. Fue así como aquel 29 de noviembre de 1990 el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad su “rotunda condena al narcotráfico” e instó al dicho “aislamiento social, económico y político de los narcotraficantes”, así como al “apoyo” a todos los colectivos de “lucha contra la droga” y las “acciones gubernativas y judiciales que permiten combatir y castigar el narcotráfico”.

En este sentido, el Parlamento instaba a la Xunta “a que extreme las precauciones a fin de que ninguna autoridad autonómica participe en ningún acto donde se encuentren personas que puedan estar relacionadas con el narcotráfico”. El legislativo pedía además por unanimidad al Ejecutivo de Fraga que esa misma “vigilancia” sirviera para que el dinero público no llegara a “ninguna actividad” ligada a “empresas o personas relacionadas con el narcotráfico”. Esas mismas medidas, finalizaba el texto, debían solicitarse al Gobierno de España y a los ayuntamientos.