El PP deja caer a su 'número dos' en A Coruña, imputado en el caso Pokémon
Julio Flores fue el principal ariete del PP de A Coruña durante sus años de oposición y, tras lograr la Alcaldía de la ciudad en mayo de 2011, fue nombrado teniente de alcalde y portavoz del gobierno local que dirige Carlos Negreira. Como representante del sector más duro del PP coruñés Flores ejerció de látigo del resto de grupos de la corporación municipal como antes había hecho con el gobierno de PSOE y BNG. Lo hizo en el inicio del mandato y lo siguió haciendo desde diciembre de 2013, cuando la jueza instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, lo incluyó su nombre en la docena de personas imputadas en la rama coruñesa de la trama, la operación Pikachu. Esa imputación y las sucesivas revelaciones del caso incrementaron notablemente la presión política sobre Flores, que insistió en seguir adelante hasta que ahora, a mes y medio de las elecciones, el PP lo deja caer.
Las dudas en torno a la posibilidad de reeditar la mayoría absoluta en la ciudad y el hipotético escenario en el que un segundo gobierno de Negreira pueda llegar a depender del apoyo de Ciudadanos aceleraron, según ha trascendido en las últimas horas, la caída del poderoso dirigente del PP de A Coruña. Su poder, segundo De Lara, le permitió gestionar buen número de influencias con los presuntos líderes de la trama Pokémon en el ámbito de la contratación pública y, sobre todo, de la contratación de personal.
Según la investigación del caso, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, esos tratos se remontan, al menos, a los “últimos días de mayo de 2011”, justo antes de la victoria popular en la ciudad. Vigilancia Aduanera atribuye a esa relación fluida que, por ejemplo, el delegado de Véndex en Galicia, José María Tutor, llegara a “conseguir parar el concurso” para la concesión de servicios en un nuevo centro cultural de la ciudad, el centro Ágora, y “abrir un nuevo plazo de licitación”, al que Véndex se presentó “con la casi total seguridad de que su empresa será la que obtenga la adjudicación, como finalmente sucedió”.
Más allá de las presuntas influencias para la concesión de contratos públicos De Lara sitúa a Flores, apodado Amapolas por la trama, como principal canal de llegada de las “propuestas de contratación” de personas, esto es, de “enchufes”. “Estos no son el Bloque, a estos les sobra gente”, ilustró Tutor en una de las conversaciones intervenidas por los investigadores. La investigación llega a asegurar que Flores manejaba una “lista para contratar a determinadas personas” y señala además que “no actuaría aisladamente, sino que lo haría con el posible conocimiento y consentimiento de sus compañeros de gobierno, incluido el propio alcalde, don Carlos Negreira”, quien sería consciente de que el consistorio sirvió como “agencia de colocación” para más de 50 'enchufados', mantienen. Según el alcalde todos estos datos no son más que “conjeturas”.
Además de los presuntos enchufes y del supuesto cobro de 5.000 euros de manos de Tutor, siempre atribuidos por los agentes y que él siempre ha negado, las indagaciones de la Pikachu implican también a Julio Flores en la presunta “obstrucción a la justicia” que la jueza observa en el caso del “acoso laboral” sufrido por un trabajador del Ayuntamiento que denunció irregularidades vinculadas, precisamente, a adjudicaciones a Véndex en el Acuario Finisterrae, dependiente del gobierno local. Fue también Flores quien presentó un recurso para intentar impedir que se certificara el acoso laboral a este trabajador, quien se convirtió en el primer testigo protegido del caso.
Junto a la Operación Pokémon el teniente de alcalde de A Coruña también ha sido erosionado políticamente en los últimos meses por la Operación Zeta, el caso del supuesto fraude en cursos de formación en el que un juzgado de A Coruña investiga, además, la financiación del partido en la ciudad. En este caso los informes policiales sitúan a Flores -que no está imputado en el caso- como uno de los principales contactos que tiene en el PP el principal imputado, Gerardo Crespo. Concretamente, la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree que entre el edil y la trama puede haber algún “tipo de acuerdo ilícito”, además de atribuirle “interés” en cambiar la directiva de una entidad asociativa de la ciudad.
