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Se reinicia el juicio del Prestige justo diez años después de la catástrofe

Ecologistas en Acción advierte de que el "Prestige" puede volver a repetirse

Miguel Pardo

Justo diez años después del comienzo de la catástrofe se reinicia el juicio del Prestige. Será este martes 13 de noviembre, una década después de que los servicios marítimos recibieran una llamada de socorro pasadas las tres de la tarde alertando de una vía de agua en un petrolero con 27 tripulantes, a 28 millas de Fisterra y cargado con 77.000 toneladas de fuel. Lo que vino después, la mayor catástrofe ambiental en la historia de Galicia y del Estado, una marea de indignación social, millares de voluntarios para la limpieza de las costas y la discutida y errática gestión de un problema que acabó convertido en un desastre para el país.

Organizaciones ecologistas, plataformas sociales, cofradías y formaciones políticas lamentan que los responsables políticos de aquella catástrofe no se sienten en el banquillo de los acusados y que incluso la mayoría de ellos fueran premiados con más y mejores cargos en la Administración durante los últimos diez años, un tiempo que consideran inasumible para celebrar un juicio. Además, tanto la organización Nunca Máis como Greenpeace acaban de presentar informes en los que reconocen avances en la protección de la costa o en las políticas anticontaminación, pero en los que hacen evidente que “otro Prestige es posible” y que hay numerosos defectos en cuanto a la prevención y a la preparación del Estado o de la comunidad autónoma de cara a una hipotética marea negra.

Sea como fuere, el juicio se reanuda en A Coruña este martes con la declaración del principal acusado, el capitán del petrolero, el griego Apostolos Mangouras, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia. Y se reinicia el macrojuicio después de que los pasados 16 y 17 de octubre numerosas partes presentaran alegatos y reclamaran la admisión de más testigos o pruebas periciales.

El tribunal que juzga la causa rechazó la petición de nulidad solicitada por los principales acusados, Mangouras, y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, por lo que la vista se reanudará con normalidad este martes. Fue el abogado del capitán del barco, José María Ruiz Soroa, quien solicitó la nulidad de la causa argumentando que la armadora del petrolero, Universe Maritime, declarada responsable civil subsidiaria, no ha sido citada al proceso. Por tanto, la defensa entiende que sólo cabe excluirla como responsable civil o suspender temporalmente el proceso para citarlos. Por su parte, la defensa del jefe de máquinas solicitó la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral al considerar que las acusaciones dirigidas contra su patrocinado por diversos organismos y empresas son imprecisas, irregulares, equívocas y causan indefensión“.

En un auto dictado el pasado 31 de octubre que responde a cuestiones previas expuestas por las partes en las dos primeras jornadas del juicio, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis Pía entiende que “no hay lugar” a estas solicitudes y avala así la tesis defendida por la Fiscalía. El auto argumenta que Universe Maritime fue debidamente citada y reserva a todas las partes y en especial a aquellas que así lo solicitaron las acciones civiles que pudieran corresponderles por los hechos enjuiciados contra esta armadora para su ejercicio ante la jurisdicción civil competente.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia acusa a la armadora de ''huir'' del procedimiento y sostiene que la estrategia de Universe Maritime es la de evitar “ser juzgada”, por lo que reclama que se mantenga su imputación como responsable civil subsidiaria. Por otra parte, el auto del tribunal que responde a las cuestiones previas expuestas rechaza el requerimiento solicitado por el abogado de la plataforma ciudadana Nunca Máis, personada como acusación particular, que reclamó la nulidad de la principal prueba pericial del juicio, que se refiere al estado estructural del petrolero.

Nunca Máis alegó para eso que dicha prueba la realizó el ingeniero naval Santiago Martín Criado, ya fallecido, que estaba en el gabinete de crisis gubernamental que se constituyó tras el accidente y que dio por buena la decisión de alejar el barco de la costa, por lo que considera que su participación en la gestión de la crisis lo inhabilita como posterior perito. Fiscalía, Abogacía del Estado y Xunta de Galicia defendieron la validez de esta prueba pericial, que ahora apoya el tribunal.

El Ministerio Fiscal reclama por los daños causados por la marea negra provocada por el hundimiento del Prestige indemnizaciones que suman 4.442 millones de euros. Dadas sus dimensiones, el macrojuicio se celebra en Expocoruña, un recinto multiusos que fue necesario habilitar dadas las dimensiones del proceso, el mayor de la historia judicial de Galicia, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores. El juicio se prolongará hasta el próximo mes de mayo y en él tratarán de determinarse las responsabilidades penitenciarias y civiles en aquella catástrofe.

Está acusado en este proceso, además de capitán del barco y el jefe de máquinas, el primer oficial, el filipino Ireneo Maloto, que actualmente se encuentra en paradero desconocido. Si en alguno momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.

En el banco de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas. Para todos ellos se piden penas de prisión que oscilan entre los 12 y los 5 años.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.

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